Panamá abolió constitucionalmente su ejército en 1994, tras el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa que siguió a la invasión estadounidense de 1989. La decisión fue un hito: el país optó por la solución pacífica de conflictos como principio de Estado. Tres décadas después, esa arquitectura institucional enfrenta una paradoja incómoda.
Al menos 24 ciudadanos panameños han sido vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania. Nueve de ellos figuran en paradero desconocido. No se trata de una guerra declarada por las autoridades panameñas ni de un compromiso soberano de ningún tipo: son personas que, por razones que el aparato judicial aún investiga, terminaron incorporadas a fuerzas militares extranjeras.
El caso cobró visibilidad pública a partir de la historia de un ciudadano identificado como Dante, cuya situación reveló la posible existencia de redes de captación. Lo que siguió confirmó que el problema no era aislado: el Ministerio Público abrió cuatro investigaciones para determinar si hubo engaños, intermediarios o mecanismos irregulares de reclutamiento.
El detalle más grave no está en los números, sino en la cronología. Según información disponible, la Cancillería tenía conocimiento de casos meses antes de que la historia de Dante los pusiera en la agenda pública. En ese lapso no se emitió una alerta general sobre los riesgos de estas ofertas. La omisión, cualquiera sea su causa, representa exactamente el tipo de falla que un Estado pequeño y sin fuerzas armadas no puede permitirse: la protección consular es, en ausencia de ejército, uno de los pocos instrumentos con que cuenta un gobierno para defender a sus nacionales en el exterior.
Las versiones de las partes en conflicto divergen de forma previsible. Rusia sostiene que las incorporaciones son legales y se formalizan mediante contratos militares. Ucrania acusa a Moscú de reclutamiento engañoso. Panamá, en medio de esa disputa, no puede ser árbitro ni cómplice pasivo: su obligación es exigir a ambos gobiernos que cesen cualquier mecanismo fraudulento de captación de ciudadanos panameños.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha apostado por la estabilidad jurídica y la inserción ordenada de Panamá en el comercio global. Esa apuesta tiene un correlato lógico: el Estado debe ser capaz de proteger a sus ciudadanos de esquemas que los convierten en carne de cañón en guerras ajenas. La credibilidad institucional no se construye solo con acuerdos de inversión o con la gestión del Canal; se construye también en la respuesta a situaciones como esta.
Conviene mirar los incentivos. Las redes de captación —si es que existen en la forma que sugieren las investigaciones— operan donde hay vacíos de información, vulnerabilidad económica y ausencia de alerta temprana del Estado. Cerrar esos vacíos no requiere un ejército: requiere voluntad política, coordinación consular y transparencia hacia la ciudadanía. El dato importa más que el ruido: nueve panameños en paradero desconocido no es una estadística menor, es una medida del costo de la omisión. La historia sugiere cautela ante cualquier gobierno que normalice la inacción frente a la captación de sus propios nacionales.
