Las relaciones marítimas entre Panamá y la República Popular China atraviesan una fase de distensión. El ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos, confirmó el lunes que una delegación panameña viajó la semana pasada a China y que ambas partes alcanzaron «consensos importantes» que abren la vía para la posible renovación de su acuerdo marítimo bilateral. El proceso se encuentra, según Hoyos, en la etapa normal de revisión y aprobación interna de cada parte.
El indicador más concreto de la mejoría es la reducción de las inspecciones extraordinarias a embarcaciones de registro panameño en puertos chinos. Las detenciones de naves disminuyeron significativamente durante junio y lo que va de julio, retornando, según el canciller encargado, a los promedios y fluctuaciones históricas del sector. En meses anteriores, ese incremento de retenciones había generado fricciones entre ambas capitales.
Al ser consultado sobre las causas del aumento de retenciones previo, Hoyos optó por la cautela: las autoridades chinas argumentaron razones estrictamente operativas. «Tenemos que tomarlo por su valor y, en esa buena fe recíproca, hemos tratado de volver a la normalidad», afirmó el diplomático. El presidente, añadió, «ha manifestado el interés de estabilizar la situación para Panamá; ciertamente no tenemos ningún tipo de conflicto con un país como China».
En paralelo, la Cancillería panameña mantiene vigilancia sobre el estrecho de Ormuz, zona que Hoyos calificó de «altamente volátil» por los conflictos que involucran a Irán, Estados Unidos e Israel. La falta de previsibilidad en esa ruta representa, según el funcionario, un reto gigantesco para las navieras y las cadenas de suministro mundiales. Panamá reafirmó su compromiso con el derecho internacional, la libre navegación y la neutralidad del Canal.
En otro frente diplomático, Hoyos se refirió a los ciudadanos panameños detenidos en Cuba, acusados de violar normas contra la seguridad de la isla. Tres de ellos —Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Shefany Gudiño— fueron liberadas y trasladadas a Panamá en abril. La delegación diplomática en La Habana provee asistencia constante a los detenidos que permanecen en la isla, y Panamá solicitó formalmente que, en caso de dictarse sentencias condenatorias, los nacionales puedan cumplir sus penas en cárceles panameñas.
Conviene mirar los incentivos. Para Panamá, cuya bandera de conveniencia es uno de los registros navieros más grandes del mundo, cualquier campaña sostenida de retenciones en puertos chinos equivale a un daño directo a su industria y a su reputación como hub marítimo global. La administración Mulino eligió el camino pragmático: negociación técnica, lenguaje de buena fe y retorno a la normalidad operativa, sin escalar el conflicto ni ceder en los principios de libre navegación que sostienen el valor estratégico del Canal.
El dato importa más que el ruido. La reducción de detenciones en junio y julio es un resultado medible, no una declaración de intenciones. Si los consensos técnicos se traducen en la renovación formal del acuerdo marítimo bilateral, Panamá habrá demostrado que la estabilidad jurídica y la neutralidad activa son activos negociables incluso frente a las presiones de una potencia como China. La historia sugiere cautela: los acuerdos marítimos con Beijing tienen su propio calendario, y la ratificación interna de cada parte puede extenderse más de lo que los comunicados optimistas anticipan.
