El Gobierno de Panamá lanzó una advertencia formal a sus ciudadanos para que no acepten propuestas de incorporación a conflictos armados en el extranjero, en el contexto de casos de panameños vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania.
El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, declaró que algunos de estos ciudadanos podrían estar bajo el control de las fuerzas armadas a las que fueron incorporados. «Estos individuos, pena decirlo, pero están en realidad secuestrados por las Fuerzas Armadas donde han ido a prestar servicios, quizás a base de propuestas ilusorias y que no son reales», afirmó el funcionario.
Las autoridades panameñas reconocieron previamente la existencia de varios ciudadanos vinculados al conflicto. El entonces canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos, comunicó una cifra de al menos 15 panameños identificados, con información de que uno habría fallecido y varios se encontraban desaparecidos.
Algunos de estos ciudadanos habrían viajado conscientes de su participación en el conflicto, mientras que otros aseguran haber sido engañados mediante ofertas de empleo civil con salarios elevados. Entre los casos denunciados figuran propuestas para trabajar como ayudantes de cocina, guardias de seguridad u operadores de maquinaria pesada.
El Ministerio Público mantiene cuatro investigaciones abiertas relacionadas con el presunto reclutamiento. Dos surgieron por denuncias de familiares y dos por informes de la Dirección de Investigación Judicial. Las pesquisas buscan determinar si existieron redes de reclutamiento, engaños laborales, trata de personas u otras conductas delictivas.
Guevara Mann aseguró que el canciller impartió instrucciones precisas: «El canciller dio la orden de que cualquiera que se acercara y pidiera su traslado a Panamá se le sufragara, sin ningún tipo de contemplación, el traslado de vuelta a Panamá». No obstante, el viceministro advirtió que concretar una repatriación puede resultar extremadamente complejo cuando el ciudadano permanece dentro de una zona de guerra, no tiene acceso a una representación consular o está sometido al control de una fuerza militar.
El funcionario reconoció además que las posibilidades de actuación del Estado son limitadas cuando una persona viaja por decisión propia. «El Gobierno de Panamá hace lo que puede, pero hay que tomar en cuenta que esta es una decisión personal de cada individuo», señaló. Añadió que la negación de presencia por parte de las autoridades o estructuras involucradas complica aún más la gestión consular, dada la irregularidad de los procesos de reclutamiento y traslado.
La Cancillería mantiene acercamiento con los gobiernos y representaciones diplomáticas vinculadas a los casos, y ha convocado a los representantes diplomáticos acreditados en Panamá para solicitar información sobre ciudadanos cuyo paradero se desconoce.
Conviene mirar los incentivos. El ofrecimiento de repatriación gratuita es una señal de responsabilidad consular mínima por parte del gobierno de Mulino, pero el verdadero problema es anterior: redes que operan con impunidad suficiente para captar trabajadores con promesas falsas y trasladarlos a teatros de guerra. Mientras el Ministerio Público apenas acumula expedientes y la asistencia consular choca con la opacidad del terreno, el Estado panameño enfrenta los límites estructurales de actuar a posteriori. La prevención —desconfiar de ofertas extraordinarias vinculadas a países en conflicto— sigue siendo, según el propio viceministro, la herramienta más eficaz. El dato importa más que el ruido: cuatro investigaciones abiertas y ciudadanos aún sin localizar son el verdadero indicador de urgencia.
