La justicia panameña imputó este sábado cargos por trata de personas con fines de explotación laboral a Mario Alberto Irwonds Brooks, taxista de 70 años señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos captadores de ciudadanos panameños para el conflicto entre Rusia y Ucrania. La juez de garantías Eyvis Jaén ordenó además su detención provisional tras legalizar la aprehensión realizada el viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La fiscal Elizabeth Carrión explicó durante la audiencia que la investigación ha permitido establecer que al menos dos ciudadanos panameños fueron contactados para incorporarse al conflicto armado. Según el Ministerio Público, las víctimas recibían promesas de salarios mensuales de entre 3.000 y 3.500 dólares, más un bono que oscilaría entre 20.000 y 70.000 dólares, cifras diseñadas para atraer a personas con necesidades económicas urgentes.
El perfil de las víctimas identificadas ilustra la mecánica del esquema: entre ellas figura un buhonero que obtenía alrededor de 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida. La Fiscalía sostiene que los presuntos reclutadores buscaban deliberadamente a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Al momento de su captura, Brooks mantenía en su poder los pasaportes de dos ciudadanos panameños. Las autoridades sostienen que el imputado los habría transportado previamente hasta una sucursal bancaria en 24 de Diciembre, donde retiraron dinero antes de dirigirse al aeropuerto. Ambos viajeros fueron rescatados antes de abandonar el país.
Durante la audiencia, Brooks rechazó las acusaciones. Según el imputado, únicamente prestó un servicio de transporte y afirmó que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia. La defensa presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar, por lo que un tribunal superior deberá fijar en los próximos días la fecha para revisar la decisión.
El caso se inscribe en un panorama más amplio. El Gobierno de Panamá ha actualizado a 24 el número de ciudadanos identificados en ambos bandos del conflicto: 19 vinculados con las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco con las de Ucrania. Uno de ellos murió en combate y varios permanecen desaparecidos. El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, explicó que el aumento de casos se produjo tras nuevas denuncias de familiares que reportaron la desaparición o pérdida de contacto con personas que viajaron al extranjero atraídas por supuestas ofertas de empleo.
El Ministerio Público mantiene actualmente cuatro investigaciones relacionadas con estos hechos: dos abiertas a partir de denuncias de familiares y dos surgidas de informes de la Dirección de Investigación Judicial. La Embajada de Rusia en Panamá, por su parte, rechazó las versiones sobre un sistema de reclutamiento fraudulento impulsado por el Estado ruso y aseguró que los extranjeros que ingresan a sus fuerzas armadas lo hacen mediante contratos voluntarios, aunque expresó disposición de colaborar con las autoridades panameñas.
Conviene mirar los incentivos. Una red que opera con falsas ofertas laborales y apunta a los más vulnerables —quienes ganan 10 dólares al día o acaban de ser padres— no es un fenómeno marginal: es la explotación sistemática de la precariedad. El Estado panameño, al actuar con rapidez procesal y transparencia en el conteo de víctimas, envía una señal de que el orden jurídico no negocia con quienes convierten la desesperación económica en materia prima para conflictos ajenos. El dato importa más que el ruido diplomático: 24 panameños identificados, uno muerto, varios desaparecidos. Esa es la cuenta real.
