El Tribunal Electoral (TE) de Panamá tiene sobre su mesa las solicitudes de once movimientos que aspiran a convertirse en partidos políticos. Todos esperan la autorización para iniciar la recolección de firmas, el paso previo para obtener la categoría de «partido en formación».
El Código Electoral fija ese umbral en el 2% de los votos válidos de la última elección presidencial: 45,503 firmas, sobre un total de 2,275,179 votos válidos en 2024. Los grupos tienen hasta el 31 de diciembre de 2027 para completar la recolección.
Pero esa regla podría cambiar. En la Asamblea Nacional se discute una reforma electoral que elevaría el requisito al 3%, es decir, 68,256 adherentes. El dato importa más que el ruido: endurecer el umbral significa filtrar la oferta política antes de que llegue a las urnas, no después.
Entre los aspirantes destaca Unidos para la Nueva Era (UNE), que encabeza el expresidente Martín Torrijos (2004-2009). El pasado 12 de agosto presentó ante el TE 1,500 firmas —el mínimo exigido para arrancar el trámite es de 500, con al menos 25 residentes por provincia y 10 por comarca—, junto con declaración de principios, programa y junta directiva provisional. «Para llegar aquí recorrimos el país con una decisión clara: escuchar a la gente antes de proponer», dijo Torrijos.
Otro movimiento es Nuevo Horizonte, liderado por Rubén Darío Campos, diputado del Parlacen y exmiembro de Realizando Metas (RM), el partido fundado en 2021 por el expresidente Ricardo Martinelli. Campos había intentado sin éxito que RM convocara elecciones internas para renovar su cúpula. «Toda mi vida me he manejado por la vía de partidos políticos. Tengo que ser coherente con mi actuar», sostuvo.
El trámite más reciente corresponde a Fuerza Renovadora, cuya cara visible es el exdiputado Fernando Carrillo, proveniente de Cambio Democrático. El periodista Andrés Álvarez Rueda impulsa, por su parte, el Partido Reconstrucción Ciudadana.
La lista suma además Nuevas Ideas Visión Independiente Revolucionario Auténtico, del dirigente indígena Ricardo Miranda; Movimiento Panamá Renace, del educador Luis Manuel Vargas; Partido Visión Democrático, del indígena Nap Hooker Pinzón; y los proyectos Propan, PANA, Transformación Nacional y CREO. La Coalición Vamos, del exdiputado Juan Diego Vásquez, recién anunció su conversión en partido y todavía recolecta las firmas iniciales.
Tres movimientos ya están formalmente en formación: Acción Ciudadana Independiente, con 2,827 firmas recogidas; Partido Nacional Humanitario, con 2,341; y Radix, con solo 365, una muestra de cuán desigual es el avance dentro de este mismo proceso.
Actualmente Panamá cuenta con nueve partidos legalmente constituidos —PRD, Realizando Metas, Cambio Democrático, Panameñista, Molirena, Frente Amplio por la Democracia, Movimiento Otro Camino, Alianza y Popular—, que concentran el 48% del registro electoral, de un total de 3,173,364 electores.
La proliferación de siglas no es casual. Refleja el desgaste de estructuras tradicionales y la fragmentación de liderazgos que, como el de Campos, migran de partidos ya constituidos hacia proyectos propios. Conviene mirar los incentivos: con solo 500 firmas se abre la puerta a un trámite que puede consumir años de vida institucional sin garantía de viabilidad electoral.
La discusión sobre subir el umbral al 3% no es un detalle técnico. Es, en el fondo, una decisión sobre cuánta seriedad exigir a quienes aspiran a competir por el poder. Para un país que necesita previsibilidad jurídica y reglas estables de cara a la inversión, un sistema de partidos menos atomizado y más exigente en su origen no debería verse como un obstáculo a la pluralidad, sino como un filtro razonable contra la improvisación política. La historia sugiere cautela con la proliferación sin sustento.
