Panamá llevó ante el Consejo de Seguridad de la ONU un reclamo humanitario y, al mismo tiempo, un recordatorio incómodo sobre el costo de las guerras ajenas cuando terminan atrapando a ciudadanos de terceros países. El canciller Javier Martínez-Acha agradeció a Ucrania por la ayuda brindada para repatriar panameños y pidió a Rusia que facilite el regreso de quienes quieran abandonar el conflicto.
«Valoramos profundamente este gesto humanitario [de Ucrania] y esperamos que muy pronto podamos también agradecer a la Federación Rusa por un gesto similar que permita a nuestros compatriotas que así lo deseen regresar a Panamá», dijo el canciller.
La diferencia entre ambos interlocutores quedó expuesta en la propia intervención. Panamá reconoció que con Kiev ha logrado coordinar el retorno de varios ciudadanos, mientras que de Moscú sigue esperando respuesta. En el lenguaje diplomático, eso equivale a una señal política clara: la cooperación humanitaria existe con un bando y no con el otro.
La Prensa publicó que la declaración ganó peso después de que la Embajada de Rusia en Panamá calificara de «propaganda occidental» y «menú de mentiras» su serie de investigaciones y relatos «Dante en Ucrania», que documentó el caso de un panameño reclutado por redes rusas y la existencia de decenas de compatriotas atrapados en el conflicto. Luego de esa publicación, en junio de este año, Cancillería admitió por primera vez que conocía desde noviembre de 2025 de un panameño fallecido al servicio de Rusia.
De acuerdo con un informe oficial fechado el 15 de septiembre, al que tuvo acceso La Prensa, seis panameños han muerto y otros 15 figuran como desaparecidos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, 70 ciudadanos aparecen como activos, es decir, vinculados al conflicto y en la zona de combate. De ellos, 62 se encuentran del lado ruso.
El mismo registro contabiliza 11 panameños repatriados desde Rusia y otros siete desde Ucrania. Esas cifras dan a la gestión diplomática un carácter urgente: localizar a quienes siguen en zonas de combate, conocer su situación y facilitar el regreso de quienes desean salir.
Martínez-Acha llevó también a la ONU una preocupación más amplia. Advirtió que el reclutamiento de extranjeros para esta guerra internacionaliza el conflicto y agrava su costo humano. «Cada extranjero reclutado para combatir representa una vida más expuesta y una guerra que continúa internacionalizándose», dijo.
El canciller pidió reforzar los esfuerzos para impedir que ciudadanos de terceros países sean incorporados a una guerra que ya ha producido consecuencias devastadoras. Sus palabras coinciden con las investigaciones del Ministerio Público de Panamá, que indagan posibles redes de trata de personas agravada relacionadas con el reclutamiento. Las pesquisas apuntan a ciudadanos atraídos mediante contratos ficticios y falsas ofertas laborales, con promesas de salarios elevados y condiciones seguras.
La secuencia importa por una razón de fondo: cuando un Estado no logra proteger a sus ciudadanos, el vacío lo llenan redes de reclutamiento, promesas engañosas y una guerra que termina cobrándose vidas lejos del país de origen. Conviene mirar los incentivos. Si existen mecanismos para sacar a los panameños del conflicto, la prioridad debería ser cooperar para que vuelvan, no normalizar que sigan siendo piezas prescindibles de una maquinaria militar ajena.
También hay una lección institucional. El dato importa más que el ruido. Las cifras oficiales, las repatriaciones ya realizadas y las pesquisas por posible trata muestran que el problema no es retórico sino administrativo, diplomático y humano. Allí donde la burocracia estatal llega tarde, prosperan el engaño y la captura de personas vulnerables.
Panamá ha puesto el énfasis correcto: ningún ciudadano debe quedar olvidado en una guerra que no es la suya. En un orden internacional cada vez más fragmentado, proteger a la propia población es una prueba elemental de soberanía y de seriedad estatal.
