La jueza de garantías Eyvis Jaén imputó cargos y ordenó la detención de Mario Brooks, un taxista de 70 años, por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El caso se enmarca en una investigación sobre el reclutamiento de ciudadanos panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.
La audiencia comenzó a las 9:00 a.m. del sábado. En ella, la jueza Jaén legalizó tanto la aprehensión de Brooks —ejecutada el viernes— como una serie de diligencias de vigilancia y seguimiento realizadas por la Policía que condujeron a su captura.
La fiscal Elizabeth Carrión sostuvo ante el tribunal que Brooks contactó a por lo menos dos ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto armado. Según la fiscalía, a las víctimas se les ofrecía un salario mensual de 3 mil dólares y un bono de 70 mil dólares una vez concluida su participación en el combate.
El imputado, en su breve intervención, negó haber participado en el reclutamiento. Aseguró que únicamente prestó el servicio de transporte y señaló que los verdaderos reclutadores se encuentran en Rusia, afirmando desconocer los detalles del proceso.
La figura jurídica aplicada —trata de personas con intención de explotación laboral— subraya que las autoridades panameñas consideran que el traslado de combatientes mediante incentivos económicos encuadra en ese tipo penal, independientemente de si la víctima acepta voluntariamente las condiciones ofrecidas.
El caso revela una dimensión poco visible del conflicto en Europa del Este: la extensión de redes de captación hacia países latinoamericanos, donde la precariedad económica puede hacer atractivas ofertas que, en la práctica, implican riesgo de muerte en un teatro de guerra. Panamá, con su posición geográfica y su tradición de neutralidad, no es el escenario evidente para este tipo de operaciones, lo que hace más llamativa la detección del caso por parte de las autoridades.
Conviene mirar los incentivos. Una promesa de 70 mil dólares representa, para muchos panameños, un ingreso que difícilmente se acumula en años de trabajo formal. Que ese señuelo opere como mecanismo de captación habla tanto de la desesperación que aprovecha quien recluta como de la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos frente a redes que cruzan fronteras con facilidad. El gobierno de José Raúl Mulino, que ha apostado por el orden jurídico y la estabilidad institucional como ejes de su gestión, tiene en este caso una oportunidad de demostrar que Panamá no será territorio permeable para operaciones de este tipo, venga de donde venga la presión.
