El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Martínez-Acha, declaró este miércoles que el conflicto diplomático con Beijing ha quedado atrás. «Puedo decir que sí», respondió al ser consultado sobre si la crisis con la República Popular China está resuelta.
La tensión se originó en enero de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la concesión de casi 30 años que mantenía el conglomerado hongkonés CK Hutchison —a través de Panama Ports Company— en las terminales de Balboa y Cristóbal. La salida de la empresa desató acusaciones de injerencia estadounidense y una respuesta inmediata de las autoridades portuarias chinas: una escalada drástica de inspecciones y bloqueos a naves de bandera panameña.
El pico de la crisis quedó registrado en junio, cuando el Tokyo MOU contabilizó 140 buques sancionados. En julio, tras las negociaciones técnicas celebradas en China por una delegación oficial panameña, esa cifra se desplomó a 24 retenciones. En lo que va de agosto, solo se han registrado tres, frente a las 17 del mismo mes del año anterior. El canciller reconoció, no obstante, que en julio de 2025 —antes de la controversia— las retenciones habían sido 19, lo que sitúa el dato actual por debajo del promedio histórico previo al conflicto.
Las negociaciones de julio buscaron rescatar el Acuerdo sobre Transporte Marítimo bilateral, cuyo origen data de 2018 y fue ampliado en 2021. El tratado otorga ventajas tarifarias y portuarias exclusivas a la marina mercante panameña, que opera uno de los registros de naves más grandes del mundo. Martínez-Acha indicó que la renovación «se concluyó a satisfacción» y que Panamá aguarda su entrada en vigor.
Como señal del restablecimiento político, el canciller recibió formalmente en la Cancillería al nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de China en Panamá, Zhang Xiangyan, quien está pendiente de presentar credenciales ante el presidente Mulino.
Con todo, la Cancillería admitió con cautela que los flujos de inversión extranjera directa de origen chino y las actividades comerciales compartidas «todavía registran niveles tímidos» por debajo del histórico regular. El nuevo acuerdo marítimo apunta a revertir esa secuela económica a corto plazo.
Conviene mirar los incentivos. Para Panamá, la estabilidad de su registro naval y el flujo comercial por el Canal son activos estratégicos que no admiten fricciones prolongadas con ninguna potencia marítima. El gobierno de Mulino apostó por la negociación técnica directa —sin renunciar al fallo judicial que desalojó a Hutchison— y los números le dan, por ahora, la razón: menos retenciones, nuevo embajador y un acuerdo en proceso de ratificación. El dato importa más que el ruido.
Lo que queda pendiente es la prueba más exigente: si la inversión china retoma niveles normales una vez que el acuerdo entre en vigor. Un registro naval robusto necesita socios comerciales activos, no solo paz diplomática declarada. La historia sugiere cautela: la normalización política suele preceder a la económica por varios trimestres, y el Canal no puede darse el lujo de que esa brecha se prolongue.
