La Cancillería panameña confirmó que Edmar Camacho y Efraín Calvo arribarían este domingo 9 de agosto a Panamá, completando así el proceso de asistencia y retorno de siete ciudadanos panameños atendidos por la misión diplomática en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania.
La operación tuvo una particularidad operativa relevante: el funcionario de carrera diplomática Aldo Rodríguez, de la Embajada de Panamá en Polonia —con concurrencia ante Ucrania—, se desplazó personalmente hasta territorio ucraniano para brindar asistencia consular directa. Estableció contacto con los connacionales, se trasladó al punto de encuentro previamente acordado y los acompañó durante todo el recorrido hasta el cruce de la frontera con Polonia. La operación se realizó sin incidentes y bajo condiciones de seguridad, según informó la Cancillería.
Ambos ciudadanos pasaron dos noches en Polonia para descansar y recuperarse del trayecto, antes de emprender el vuelo de retorno en la ruta Varsovia-Ámsterdam-Panamá a bordo de la aerolínea KLM.
El Gobierno panameño agradeció la coordinación con las autoridades diplomáticas ucranianas, incluyendo al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, según consignó la Cancillería en su comunicado. Esa coordinación, indicó el gobierno, fue determinante para concretar la salida segura de los connacionales.
Los otros cinco panameños del grupo ya habían regresado antes. Cuatro de ellos —Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert's Bryan— retornaron la noche del viernes en un vuelo de Turkish Airlines, con asistencia de la misión diplomática panameña en Rusia. El primero del grupo, Adrián Gabriel González, había llegado al país el 5 de agosto.
El contexto de fondo es más amplio. Las autoridades panameñas han señalado que tienen conocimiento de alrededor de 30 panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que se trata de decisiones individuales y rechazó la interpretación de que estos ciudadanos hayan viajado a la zona de conflicto únicamente por falta de empleo. «Este es un tema muy particular de cada uno de ellos que tomó la decisión por aspectos distintos», señaló Orillac, quien agregó que muchos son personas adultas con experiencia previa en los estamentos de seguridad del país.
Conviene mirar los incentivos. La operación diplomática panameña —un funcionario que cruza físicamente hacia una zona de guerra activa para cumplir su misión— ilustra con precisión qué significa la protección consular cuando el Estado la ejerce con seriedad. El gobierno de Mulino no improvisó: coordinó con Varsovia, gestionó con Kiev y ejecutó sin incidentes. Eso es institucionalidad funcionando.
El dato de los 30 panameños en el conflicto, sin embargo, plantea una pregunta que el Estado no puede eludir indefinidamente: qué mecanismos existen para disuadir o asistir a ciudadanos que se incorporan a guerras ajenas, más allá de la repatriación caso por caso. La historia sugiere cautela ante la tentación de reducir el fenómeno a una anécdota consular.
