Panamá ha dado un paso concreto hacia la salida de la lista de jurisdicciones no cooperativas de la Unión Europea. La Ley 526, que establece requisitos de sustancia económica para entidades que integran grupos multinacionales y perciben rentas pasivas de fuente extranjera, entrará en vigor el 1 de enero de 2027. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, fue categórico en el foro Café con La Prensa: «Hemos cumplido, ellos lo reconocen, no tenemos más comentarios ni inquietudes».
Hoyos señaló que la expectativa del Gobierno es que Panamá sea excluido del listado en la revisión prevista para octubre, y que sus conversaciones recientes en Bruselas apuntan a que la salida «ya es prácticamente un hecho cumplido». El funcionario también proyectó que para 2028 y 2029 el país podría registrar «números de inversión extranjera directa fuera de serie», e indicó que ya se reciben inversionistas interesados en centros de datos y semiconductores.
La norma exige que las empresas establecidas en Panamá demuestren presencia real: oficinas, empleados y operación efectiva. De este modo, las compañías que accedan al tratamiento fiscal favorable sobre rentas de fuente extranjera deberán sustentar con hechos verificables la actividad que declaran en el país.
Juan Raúl Sosa, socio de Fábrega Molino, subrayó que la Ley 526 no crea un impuesto nuevo ni persigue aumentar la recaudación. «Hay que mirar esta ley de sustancia como una ley que incentive la inversión extranjera, que incentive la creación de mano de obra panameña», afirmó. Sosa encuadró la norma dentro de un proceso más amplio de adecuación del sistema financiero y tributario panameño que ya incluyó el registro de beneficiarios finales, el intercambio automático de información, la eliminación de acciones al portador y la obligación de conservar registros contables.
Jaime Carrizo, socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, participó también en el foro junto a Sosa y Hoyos. Los tres expositores coincidieron en que el desafío central no es la ley en sí, sino su reglamentación: las reglas de ejecución definirán si la norma opera como herramienta de atracción de capitales o como fuente de cargas adicionales e incertidumbre para las empresas.
El viceministro Hoyos resumió el argumento de fondo: «La venta de Panamá hoy en día no es solo la posición geográfica, la venta es confianza». La reputación, añadió, incide directamente en las relaciones financieras y comerciales, el acceso a mercados y las decisiones de localización de las compañías multinacionales.
Conviene mirar los incentivos. Panamá no actúa bajo presión ciega de Bruselas; actúa porque su modelo de centro internacional de negocios depende de la credibilidad ante contrapartes financieras y socios comerciales. La Ley 526 es, en ese sentido, una apuesta racional por la competitividad de largo plazo: más inversión real, más empleo calificado, mayor integración a cadenas globales de valor. El riesgo no está en la norma sino en su implementación. Un reglamento mal calibrado podría convertir en burocracia lo que hoy es oportunidad. El Gobierno de Mulino tiene en sus manos una pieza de política económica con potencial genuino; la pregunta es si la reglamentación estará a la altura de la promesa.
