La Policía Nacional de Panamá detuvo a un ciudadano de nacionalidad china en el corregimiento de Calidonia, en la capital, en cumplimiento de una Notificación Roja de Interpol solicitada por las autoridades judiciales de la República Popular China con fines de extradición, informó la institución en un comunicado oficial.
Según la investigación china, el detenido es señalado por su presunta participación en la apropiación ilícita de activos empresariales entre 2020 y 2022, hechos que habrían ocasionado un perjuicio económico estimado en unos 2.000 millones de yuanes, equivalentes a más de 275 millones de dólares. Las autoridades panameñas no precisaron el nombre del capturado.
La Policía Nacional subrayó que la aprehensión responde a la colaboración entre los organismos de seguridad de ambos países, enmarcada en los mecanismos de cooperación policial internacional para combatir la delincuencia transnacional.
Medios locales han informado que el ciudadano estaría vinculado a dos proyectos de inversión desarrollados en Panamá, uno portuario y otro energético, ambos ubicados en la costa atlántica del país y que finalmente no llegaron a concretarse. Sin embargo, las autoridades panameñas no han confirmado oficialmente ninguna relación entre esos proyectos y la investigación que originó la orden de captura. El dato importa más que el ruido: mientras la vinculación con esos proyectos permanezca sin confirmar, cualquier extrapolación sería especulación.
El detenido permanecerá a disposición de las autoridades competentes mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes al proceso de extradición solicitado por Beijing.
Conviene mirar los incentivos. Para el gobierno del presidente José Raúl Mulino, ejecutar con eficiencia una Notificación Roja de Interpol no es un trámite menor: es una señal hacia los mercados internacionales y hacia los socios comerciales de que Panamá respeta el orden jurídico global y coopera con los mecanismos multilaterales de persecución del delito económico. En un momento en que el país enfrenta escrutinio sobre su sistema financiero y su posición estratégica en torno al Canal, demostrar que el aparato de seguridad funciona con independencia del origen o la nacionalidad del requerido refuerza la reputación de plaza confiable para la inversión legítima.
La historia sugiere cautela, no obstante, respecto al desenlace del proceso de extradición. Los procedimientos pueden extenderse durante meses o años en los tribunales panameños, y la cooperación judicial con China enfrenta complejidades propias de sistemas legales con estándares procesales distintos. Lo que el episodio sí deja claro desde ya es que la libre empresa y la propiedad privada requieren, como condición necesaria, que los Estados sean capaces de perseguir el fraude más allá de sus fronteras. Panamá acaba de demostrar que puede hacerlo.
