El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México abrió la puerta para analizar la iniciativa sobre muerte digna presentada el pasado viernes ante el órgano legislativo local, aunque fijó desde ya un límite: rechaza la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido.
El coordinador panista, Andrés Atayde, expuso la postura al presentar la agenda legislativa del partido para el próximo periodo ordinario de sesiones. Según explicó, el PAN respalda que las personas decidan anticipadamente qué cuidados desean o no recibir antes de morir, y recordó que la capital ya cuenta con una Ley de Voluntad Anticipada, «la primera en legislar» sobre la materia, según sus palabras.
«Hablar de eutanasia activa directa, de suicidio médicamente asistido, ortotanasia o distanasia es hablar de otra cosa. La postura del PAN es clara a la luz de sus principios fundacionales: es legítima la interrupción de tratamientos onerosos y encarnizamientos terapéuticos desproporcionados que no sirvan más que para prolongar artificialmente la vida. En este caso no se provoca la muerte, sino que se acepta no poder impedirla y dejar su curso al proceso natural», señaló Atayde.
El legislador planteó que la respuesta del partido frente al sufrimiento al final de la vida pasa por «el tratamiento de los cuidados paliativos y el acceso universal a medicamentos para el control del dolor», lo que a su juicio ofrece «una alternativa de compasión sin recurrir a la supresión deliberada de la vida».
Atayde precisó que el grupo parlamentario todavía debe revisar a detalle el contenido de la iniciativa entregada al Congreso local «para ver a ciencia cierta si es eutanasia activa directa» o si plantea algún otro procedimiento distinto. Adelantó que la postura institucional del partido y el análisis técnico definirán «un voto de manera pública y anticipada».
La discusión sobre muerte digna se enmarca en una agenda legislativa más amplia presentada por la bancada: 86 propuestas organizadas en 12 ejes estratégicos, construidas a partir de cuatro insumos, según detalló Atayde: las «111 Soluciones» del PAN nacional, quince agendas individuales de los integrantes del grupo parlamentario, los acuerdos alcanzados en su reunión plenaria y las demandas recogidas por los legisladores en recorridos territoriales.
«Esta agenda tiene un alcance general y anual. Nos permite realizar un diagnóstico de dónde está parada la ciudad, presentar soluciones concretas, medibles y exigibles, y establecer una ruta de navegación para lo que resta de esta Legislatura», afirmó el coordinador panista.
El debate sobre muerte digna llega a un Congreso capitalino donde la oposición panista es minoría frente a la mayoría de Morena, lo que convierte cualquier definición de voto en un ejercicio más simbólico que decisivo en términos numéricos. Aun así, la postura fijada de antemano por Atayde revela una estrategia: aceptar la conversación pública sobre el fin de vida sin cerrar filas contra toda regulación, pero blindando el límite entre autonomía del paciente y disposición activa de la vida por parte de terceros o del Estado.
El asunto de fondo trasciende la coyuntura capitalina. En sociedades con sistemas de salud desiguales, cualquier marco legal sobre el final de la vida termina probando qué tan sólida es la red de cuidados paliativos disponible para quien no puede pagar atención privada. La historia sugiere cautela: ampliar el catálogo de opciones sin garantizar antes el acceso universal a control del dolor puede convertir un derecho en un atajo presupuestario. El PAN capitalino, al menos en el discurso, elige primero la infraestructura de cuidado; queda por verse si ese compromiso se traduce en presupuesto y no solo en principios enunciados en agenda.
