Daniel Ortega declaró el domingo pasado, durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder». La frase del exguerrillero de 80 años, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, desató un rechazo internacional inmediato y obligó a sus propios aliados a emitir explicaciones contradictorias.
La Unión Europea respondió con un pronunciamiento de los 27 Estados miembros que condenó la represión sistémica ejercida por las autoridades nicaragüenses y reclamó la celebración de elecciones «transparentes, inclusivas y creíbles». El comunicado de la Alta Representante en nombre del bloque exigió además la apertura de un diálogo entre el régimen sandinista y la oposición para «acordar las reformas electorales necesarias para impulsar una solución democrática, pacífica y negociada a la actual crisis política».
La respuesta de Managua llegó este sábado a través de una nota oficial de la Cancillería nicaragüense titulada, sin ambigüedad, «No somos súbditos». El texto calificó el pronunciamiento europeo de «injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un pasado colonial». El comunicado concluye con una frase que el régimen eligió como síntesis de su postura: «Les recordamos, por si acaso lo olvidan: No somos vasallos de nadie».
El episodio expone la fractura interna del sandinismo ante la presión exterior. El miércoles, el líder del Parlamento nicaragüense, Gustavo Porras, afirmó que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua, pero bajo un nuevo marco constitucional que las «blinde» de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria». El viernes, la copresidenta Murillo anunció que presentarán su propuesta de reforma electoral ante los embajadores acreditados en el país. Las dos declaraciones contradicen directamente lo dicho por Ortega apenas días antes.
El historial del régimen ofrece contexto. Ortega ha gobernado eliminando la competencia política y declarando «inaplicable» el artículo constitucional que impedía la reelección indefinida. La retórica anticolonial que ahora dirige a Bruselas ha servido sistemáticamente para deslegitimar cualquier fiscalización externa, sea de organismos regionales, gobiernos democráticos o relatores de derechos humanos.
Conviene mirar los incentivos. El régimen de Managua no necesita convencer a la UE de nada; necesita consolidar un relato interno que equipare la exigencia de elecciones libres con agresión imperial. Es una operación política clásica: convertir la demanda de derechos civiles básicos en una afrenta a la soberanía nacional. El problema es que la soberanía, entendida como principio legítimo, no puede invocarse para blindar la supresión del único mecanismo que permite a los ciudadanos ejercerla: el voto.
El dato importa más que el ruido. Lo relevante no es el tono del comunicado nicaragüense, sino que un gobierno haya anunciado públicamente el fin de las elecciones y que, ante la presión, sus propios voceros ofrezcan versiones incompatibles entre sí. Esa incoherencia es el síntoma de un régimen que aún no decidió cómo institucionalizar el poder absoluto sin pagar el costo diplomático completo. La UE, por su parte, tiene en sus manos instrumentos de presión económica y política que hasta ahora ha utilizado con moderación. La historia sugiere cautela respecto a si esta vez actuará de forma diferente.
