El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) presentó este lunes un plan de reconstrucción para La Guaira, el estado costero al norte de Venezuela más devastado por el doble terremoto registrado hace 26 días. La propuesta toma como referencia el modelo japonés de gestión de desastres sísmicos y llega en medio de críticas directas a la capacidad del aparato estatal para responder a la emergencia.
Según el último balance oficial citado por las fuentes, el doble sismo ha dejado 5.208 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. Al menos 190 edificios colapsaron y otros 856 resultaron afectados. El Gobierno venezolano, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estima que la catástrofe generó 2.106.000 toneladas de escombros.
María Gabriela Hernández, secretaria nacional de Ambiente y Sostenibilidad de PJ, sostuvo en un comunicado que el Estado venezolano «carece de capacidad técnica y voluntad política requeridas para atender de manera integral a las comunidades afectadas». La dirigente exhortó a atender «con prioridad a los sobrevivientes» y a planificar «urgentemente la reconstrucción de Vargas (La Guaira) cimentada en criterios científicos y en la experiencia acumulada».
El plan de PJ articula tres ejes concretos. Primero, aplicar la experiencia japonesa en reciclaje de escombros mediante «el parcelamiento, la clasificación, trituración e incineración móvil de escombros para la reapertura de vías», además de prohibir el lanzamiento de basura y materiales tóxicos al mar. Segundo, retomar el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas, elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón tras el deslave de 1999 —otro episodio que también devastó La Guaira—. Tercero, ejecutar las recomendaciones de la Universidad Central de Venezuela para modernizar las canalizaciones de los cauces de concreto armado y aplicar estudios de «microzonificación sísmica» antes de autorizar cualquier nueva construcción en el área costera.
«La reconstrucción no es viable bajo los mismos esquemas de quienes fallaron en el pasado», concluyó Hernández.
Japón es señalado en la propuesta como uno de los países más sísmicamente activos del mundo, con décadas de experiencia institucional y técnica en la gestión de catástrofes de esta naturaleza.
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Conviene mirar los incentivos. Un régimen que no rinde cuentas electorales genuinas tiene escasos estímulos para priorizar la reconstrucción técnica sobre el control político del territorio afectado. La historia de La Guaira es elocuente: el deslave de 1999 generó un estudio japonés que, según PJ, nunca se implementó. Veintiséis años después, la zona vuelve a estar en escombros y el mismo aparato estatal vuelve a estar a cargo.
El dato importa más que el ruido. Con más de cinco mil muertos y cerca de dieciocho mil personas sin techo, lo que está en juego no es una disputa partidaria sino la vida concreta de comunidades enteras. Que la propuesta técnica más articulada provenga de la oposición —y no del gobierno que administra los recursos del Estado— dice mucho sobre el estado de las instituciones venezolanas. La libre empresa y la cooperación internacional ofrecen herramientas probadas; el obstáculo no es técnico.
