El Gobierno de Perú confirmó este domingo, en un comunicado oficial, que once ciudadanos peruanos han muerto combatiendo bajo bandera rusa en la guerra contra Ucrania. Otros 114 están desaparecidos y tres han sido capturados por el ejército ucraniano. El total de connacionales enlistados asciende a 459, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es la primera vez que el Gobierno peruano reconoce oficialmente la muerte de connacionales alistados por las tropas rusas. El comunicado —identificado como Prensa 033-26— también anunció la repatriación de cuatro jóvenes que se encontraban en situación de vulnerabilidad en Rusia tras haberse fugado, según la cancillería, «del reclutamiento forzado del que fueron víctimas para prestar servicios en la guerra contra Ucrania».
En total, Lima ha evacuado a 31 nacionales desde Rusia. De ellos, 28 han retornado al país y tres permanecen en Europa «por decisión propia», precisó la cancillería. Los cuatro casos más recientes fueron gestionados por la sección consular de la Embajada peruana en Moscú; otros dos habían sido atendidos a finales de julio. «Todos ellos arribaron al Perú y se encuentran con sus familias», informó el ministerio, que contó con el apoyo de las carteras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Salud.
El cuadro que describe Lima es, sin embargo, más oscuro de lo que admiten las cifras oficiales. Familiares de los enlistados se manifestaron el pasado martes frente a la embajada rusa en Lima para exigir el regreso de sus parientes, en especial de los heridos, y para reclamar información sobre sus paraderos. Una de las representantes, identificada como Norma, cuyo hijo figura como desaparecido, afirmó tener información de que al menos 150 de estos ciudadanos han muerto, aunque aclaró que esos datos no han sido confirmados por la cancillería.
Los familiares denuncian, además, que en abril pasado presentaron denuncias formales por trata de personas, pero que los reclutadores que «estafaron y engañaron» a sus allegados siguen libres y los expedientes «están durmiendo en la Fiscalía». El Gobierno peruano, por su parte, emitió notas diplomáticas sin recibir respuesta de Moscú y anunció que solicitó el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para la búsqueda de los connacionales afectados. La cancillería exhortó a los ciudadanos a denunciar a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional.
El dato importa más que el ruido. Lo que describen las fuentes no es una historia de voluntarios ideológicos: es una operación de trata de personas que aprovechó la precariedad económica para enviar a jóvenes peruanos a una guerra que no es la suya. El Estado peruano reacciona con repatriaciones puntuales y comunicados, pero la cadena de reclutamiento permanece intacta. Mientras los reclutadores circulan libremente y los expedientes acumulan polvo en la Fiscalía, el costo humano —once muertos confirmados, 114 desaparecidos— seguirá creciendo.
Conviene mirar los incentivos. Moscú tiene razones para no cooperar: cada peruano en el frente es un soldado que no figura en sus propias bajas. Lima, en cambio, enfrenta una presión doméstica creciente de familias que exigen respuestas y un aparato judicial que, hasta ahora, no ha dado señales de actuar con la urgencia que el caso demanda. La historia sugiere cautela: sin consecuencias para los reclutadores y sin respuesta diplomática efectiva, el ciclo se repetirá.
