El Estrecho de Ormuz concentra hoy la tensión más peligrosa del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y Omán ocupa el centro del tablero. Conocido como la «Suiza de Medio Oriente» por su neutralidad histórica, el sultanato de 5,7 millones de habitantes lleva décadas construyendo una reputación de mediador discreto y eficaz. Esa reputación está ahora bajo asedio desde ambos flancos.
El historial es sólido. Omán fue sede de las conversaciones secretas que sentaron las bases del acuerdo nuclear de 2015. Facilitó el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita en 2023. El año pasado ayudó a negociar un alto el fuego entre los hutíes en Yemen y Estados Unidos. Y cuando estalló el conflicto actual entre Washington, Tel Aviv y Teherán, los funcionarios omaníes abrieron de inmediato un canal secreto con la República Islámica que, según The Wall Street Journal, permitió a los Estados del Golfo reabrir sus corredores aéreos.
Sin embargo, tres meses después del inicio de las hostilidades, esa postura neutral empieza a ser interpretada en Washington como hostilidad encubierta. La chispa concreta: según informes citados por The Wall Street Journal, funcionarios omaníes discutieron con Irán un esquema de gestión conjunta del estrecho que incluiría el reparto de tasas sobre el tráfico marítimo. Mascate lo presentó como un plan de contingencia para mantener el flujo comercial si el conflicto se prolongaba. Washington lo leyó como colaboración con el enemigo.
La respuesta estadounidense fue directa. A finales de mayo, el secretario del Tesoro Scott Bessent advirtió en X que su departamento «perseguirá enérgicamente a cualquier actor involucrado —directa o indirectamente— en la facilitación de peajes para el estrecho, y cualquier socio dispuesto será penalizado». El presidente Donald Trump fue más lejos el 27 de mayo, al declarar ante periodistas: «Omán se comportará como todos los demás, o tendremos que volarlos por los aires. Lo entienden. Estarán bien».
La presión tiene una lógica estratégica clara para Washington: insiste en que el estrecho regrese a las condiciones de libre navegación previas a la guerra, sin tasas obligatorias ni gestión compartida con Teherán. Europa y los grandes países asiáticos importadores de hidrocarburos comparten ese objetivo, aunque con menor estrépito.
Omán, por su parte, recuerda que su neutralidad tiene raíces más profundas que la diplomacia: es el único Estado donde la mayoría de la población practica el islam ibadí, una rama que no es ni sunita ni chiita, lo que le permite mantener canales abiertos con Irán chiita y con los Estados árabes sunitas del Golfo simultáneamente. El sultanato sufrió menos ataques iraníes que sus vecinos —Mascate no fue alcanzada, aunque otros puertos como Duqm y Salalah recibieron proyectiles— y, a diferencia del resto del Consejo de Cooperación del Golfo, no alberga bases militares permanentes estadounidenses, aunque sí permite acceso a instalaciones bajo acuerdos de defensa que datan de décadas.
Aun así, Omán fue más allá que el resto del Consejo al criticar públicamente la decisión de Trump de ir a la guerra, calificándola de «ilegal», y describió los contraataques iraníes como «inevitables, aunque profundamente lamentables y completamente inaceptables».
Conviene mirar los incentivos. Omán no puede permitirse perder a Washington —su principal garante de seguridad exterior— ni a Teherán, cuya capacidad de desestabilizar el estrecho afecta directamente a la economía omaní. El problema es que ese equilibrio, rentable durante décadas, se vuelve insostenible cuando una de las partes exige lealtad exclusiva bajo amenaza de sanciones o peor.
El dato importa más que el ruido: lo que está en juego no es solo la neutralidad de un sultanato pequeño, sino el principio de libre navegación en una vía por la que circula una fracción sustancial del comercio energético mundial. Un sistema de peajes gestionado con Irán no sería un arreglo técnico; sería una transferencia de soberanía sobre una arteria global a un régimen que acaba de lanzar «miles de drones y misiles» contra sus vecinos. Ese es el principio que Washington defiende, con la torpeza retórica que lo caracteriza en esta coyuntura, pero con una lógica de fondo que el mercado y el orden internacional no pueden ignorar.
