Francia se convirtió en el primer país europeo en prohibir el acceso de menores de 15 años a las redes sociales, tras la aprobación parlamentaria de una ley que obtuvo 279 votos a favor y 81 en contra en el Senado, y 243 a favor con apenas dos en contra en la Cámara. «Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta», declaró la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff. El presidente Emmanuel Macron celebró la medida: «Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes».
La norma opera en dos fases. A partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos regresen a clases, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas. Las cuentas existentes serán bloqueadas desde enero de 2027. La ley no contempla sanciones para los menores ni para sus padres, y tampoco fija castigos explícitos para las plataformas; la responsabilidad de verificar la edad recae sobre estas últimas. Se prevén excepciones para enciclopedias en línea y proyectos digitales con fines educativos.
Francia no actúa en el vacío. Australia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Grecia, Malasia, Turquía, Dinamarca, Chipre, Brasil, Noruega, Austria e Irlanda ya adoptaron o buscan adoptar medidas similares para menores de 16 años, según la fuente consultada. Algunos países tienen normas vigentes; otros avanzan con acuerdos políticos parciales o proyectos pendientes.
Entre los marcos más concretos destacan Malasia y Turquía. En Malasia, la restricción para menores de 16 años entró en vigor el 1 de junio y alcanza a Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Las empresas que incumplan pueden enfrentar multas de hasta 10 millones de ringgits, equivalentes a unos 2,5 millones de dólares. La ley no prevé sanciones para padres o tutores. En Turquía el esquema es similar, con la restricción extendida también a los videojuegos, y el umbral fijado en menores de 15 años.
Dinamarca, Chipre y Brasil optaron por un enfoque más flexible: los menores pueden acceder a redes sociales desde los 13 años si cuentan con autorización de un adulto. Colombia, por su parte, debate un proyecto de ley presentado por el representante Jesús Lorduy que propone regular el acceso de menores de 16 años, aunque el trámite legislativo aún está en curso.
El debate no es unánime. En el Reino Unido, la propuesta gubernamental de prohibir las redes a menores de 16 años no recibió respaldo ni de las grandes tecnológicas ni de organizaciones de protección infantil. YouTube advirtió, en declaraciones recogidas por The Guardian, que la medida podría fomentar el uso de servicios menos seguros y limitar el acceso de los jóvenes a «experiencias seleccionadas, supervisadas y beneficiosas». Organizaciones especializadas coincidieron en que prohibir el acceso no hace más seguros a los adolescentes, sino que los desplaza hacia espacios sin ningún tipo de control.
Conviene mirar los incentivos. El modelo que concentra toda la responsabilidad en las plataformas —sin sanciones para padres ni para menores— traslada el costo de cumplimiento a la libre empresa y abre la puerta a litigios regulatorios de largo aliento. El dato importa más que el ruido: ninguna de estas leyes ha sido evaluada en sus efectos reales sobre el bienestar infantil, porque la mayoría ni siquiera ha entrado plenamente en vigor. La historia sugiere cautela ante regulaciones amplias diseñadas con urgencia política; el riesgo no es proteger a los menores, sino construir una arquitectura de verificación de identidad cuyo alcance futuro excede con mucho la protección de la infancia.
