Al menos nueve personas murieron —siete militares y dos civiles— y más de 260 resultaron heridas en los bombardeos lanzados por Estados Unidos contra Irán durante las últimas horas, según informaron autoridades iraníes. El portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Hosein Kermanpur, precisó que 222 de los heridos «ya han recibido tratamiento y han recibido el alta».
El Ejército iraní señaló en un comunicado que las fuerzas estadounidenses «lanzaron trece misiles contra un centro médico y alojamiento de un barracón de las Fuerzas de Tierra en Bampur», situada en el condado de Iranshahr. Según el comunicado, siete militares de la 388ª Brigada de Iranshahr fallecieron en la acción. Las autoridades iraníes calificaron el ataque de «cobarde» y advirtieron que «la venganza por la sangre pura de los mártires de este crimen es segura e inminente».
Por su lado, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) indicó en su propio comunicado que la oleada de ataques fue ejecutada contra «capacidades» militares de Irán, e informó de la reimposición de un bloqueo naval contra los puertos y costas iraníes. Washington no detalló públicamente los objetivos específicos más allá de esa descripción general.
Irán respondió reivindicando ataques contra bases militares estadounidenses en la región: una base aérea en Jordania —que ya había sido blanco de ataques iraníes el pasado jueves—, otra en Bahréin y una tercera en Kuwait. El cruce de golpes se produce a pesar del alto el fuego pactado en abril y del memorando de entendimiento firmado en junio, que buscaba abrir camino hacia un acuerdo de paz.
El escenario es, en pocas palabras, el colapso operativo de un proceso diplomático que nunca tuvo bases sólidas. Un alto el fuego sin mecanismos de verificación y un memorando sin calendario vinculante son, en la práctica, papel. El dato importa más que el ruido: los ataques se reanudan mientras los documentos de junio permanecen técnicamente vigentes, lo que revela la fragilidad de cualquier arquitectura de seguridad construida sobre declaraciones de intención.
Conviene mirar los incentivos. Para Washington, la reimposición del bloqueo naval y los ataques selectivos contra infraestructura militar iraní responden a una lógica de presión máxima que busca degradar capacidades antes de que cualquier negociación otorgue a Teherán tiempo para reconstituirlas. Para el régimen iraní, la retórica de venganza y los ataques a bases en tres países distintos sirven al consumo interno tanto como a la disuasión regional. Entre ambas lógicas, la población civil —dos mujeres entre los muertos, según las autoridades iraníes— paga el costo más alto. La historia sugiere cautela ante cualquier anuncio de tregua que no vaya acompañado de garantías verificables y costos reales para quien la rompa.
