La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, junto con la fiscal general Letitia James, publicó el 28 de julio las normas definitivas de implementación de la Ley SAFE for Kids —siglas en inglés de Ley para Detener la Explotación de Contenidos Adictivos—. La legislación restringe el uso de redes sociales para usuarios menores de 18 años y entrará en vigor el 25 de enero de 2027, es decir, 180 días después de la publicación de las normas finales.
El núcleo de la norma es la regulación de las llamadas «funciones adictivas». Las plataformas deberán desactivar por defecto los feeds personalizados algorítmicamente y las notificaciones nocturnas para todos los usuarios menores de edad. Solo podrán habilitarse si los padres otorgan su consentimiento expreso tras pasar ellos mismos por un proceso de verificación de edad.
Para confirmar que un usuario es adulto, las compañías podrán recurrir a métodos como la carga de una imagen o video, o la verificación mediante correo electrónico o número de teléfono. La ley exige que las plataformas ofrezcan al menos una opción que no requiera documento de identidad emitido por el gobierno. Además, la información recopilada para verificar la edad debe ser la mínima necesaria, no puede usarse para otros fines y debe eliminarse o desidentificarse de inmediato tras su uso.
Los menores que deseen acceder a las funciones restringidas deberán solicitarlo expresamente y consentir que sus padres sean notificados. Tanto los padres como los propios menores conservan el derecho de retirar ese permiso en cualquier momento.
La norma se aplicará a las denominadas «plataformas en línea adictivas», definidas como redes cuyos usuarios dedican al menos el 20% de su tiempo de uso a las fuentes de contenido. Para las empresas que incumplan, la fiscal general queda facultada para iniciar acciones legales y solicitar sanciones civiles de hasta 5.000 dólares por cada infracción.
«La salud mental de nuestros hijos no está a la venta», declaró Hochul en el comunicado. James, por su parte, señaló que «los jóvenes son particularmente vulnerables a las funciones adictivas de las redes sociales».
---
Conviene mirar los incentivos. La arquitectura de la ley desplaza la carga regulatoria hacia las plataformas y hacia los padres, no hacia el Estado como tutor único: son las familias quienes deciden si habilitan o no el acceso a los algoritmos para sus hijos. Ese diseño merece reconocimiento, porque preserva la autoridad parental en lugar de sustituirla por decreto burocrático.
El dato importa más que el ruido. La pregunta relevante no es si proteger a los menores —nadie lo discute— sino si una norma estatal de este calibre, con sanciones de hasta 5.000 dólares por infracción y plazos de verificación técnicamente exigentes, terminará favoreciendo a las grandes plataformas con recursos legales y de cumplimiento, mientras eleva las barreras de entrada para competidores más pequeños. La libre empresa no se defiende protegiendo a las corporaciones establecidas; se defiende asegurando que las reglas no sean tan costosas que solo los grandes puedan pagarlas. Ese equilibrio es el que Nueva York deberá demostrar haber calibrado bien antes de enero de 2027.
