El Gobierno de Nicaragua rompió este jueves relaciones diplomáticas con Italia después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, reiterara públicamente su exigencia de extradición de Alessio Casimirri, exintegrante de las Brigadas Rojas condenado en Italia a seis cadenas perpetuas.
Casimirri, de 74 años, fue sentenciado por su participación en el secuestro y asesinato del expimer ministro Aldo Moro en 1978, así como por otros atentados del grupo terrorista. Según la justicia italiana, formó parte del comando que atacó la escolta de Moro en la vía Fani, donde murieron cinco agentes. Huyó de Italia a comienzos de los años ochenta y desde 1983 reside en Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad y desarrolló actividad empresarial en los sectores de restaurantes y pesca.
Tajani realizó sus declaraciones el miércoles en Madrid, durante una reunión del Partido Popular Europeo, donde denunció que el Gobierno de Nicaragua «sigue dando refugio y protección a Casimirri» y «se niega a atender las solicitudes de extradición presentadas por la justicia italiana». El canciller fue explícito: «El Gobierno italiano no olvida a las víctimas del terrorismo y sigue exigiendo que quienes se han hecho responsables de delitos gravísimos contra el Estado y los ciudadanos italianos respondan por sus actos».
La respuesta de Managua no se hizo esperar. El Ejecutivo que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo emitió un comunicado en el que calificó las declaraciones de Tajani de «injustificadas, agresivas e irresponsables» y las atribuyó a una «arrogancia europea». El texto presentó la ruptura como «contundente expresión de soberanía y dignidad nacional».
El comunicado nicaragüense añadió que se han vivido «muy buenos tiempos de respeto absoluto y comprensión» con «respetables autoridades italianas» en años anteriores, y lamentó que la relación histórica entre ambos países haya llegado a este punto. Managua indicó que ya notificó formalmente la decisión a Roma y que procederá a cumplir los pasos necesarios para ejecutarla.
La crisis se inscribe en un patrón más amplio de aislamiento internacional del régimen nicaragüense. Washington ha sancionado a dos hijos del presidente Ortega que ocupan cargos en el Gobierno, y la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha generado tensiones adicionales en el entorno político regional en el que Managua se mueve.
Conviene mirar los incentivos. Para el régimen de Ortega, la ruptura con Roma no es un costo político: es una declaración de principios ante su base. Proteger a un condenado por terrorismo de Estado durante más de cuatro décadas no es descuido administrativo; es una decisión sostenida y reiterada. Que Nicaragua elija la confrontación diplomática antes que cumplir con una sentencia firme de un Estado de derecho europeo revela la naturaleza del régimen con más claridad que cualquier informe de derechos humanos. El dato importa más que el ruido: cuando un gobierno prefiere romper relaciones antes que entregar a un hombre condenado seis veces a cadena perpetua por asesinato, el problema no es la diplomacia, sino la ausencia de instituciones que respondan ante la ley.
