El partido opositor nicaragüense Unamos (Unión Democrática Renovadora) emitió este martes un comunicado en el que denuncia las más recientes maniobras del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo para perpetuarse en el poder. La medida central: posponer las elecciones hasta noviembre de 2027 y prolongar el mandato presidencial a siete años.
Según Unamos, el régimen ya realizó cambios en la Constitución en 2025 para extender el período presidencial y trasladar los comicios al próximo año. El anuncio formal corrió a cargo de Gustavo Porras, titular del Parlamento, a quien la oposición señala directamente como portavoz de la maniobra.
La organización califica como un «circo» las consultas que el régimen impulsó con sectores diplomáticos, empresariales y de la sociedad civil. De acuerdo con el comunicado, esas consultas fueron forzadas por la presión internacional, que ha condenado la cancelación de las elecciones y ha exigido el restablecimiento de las libertades y la celebración de comicios «libres, transparentes, competitivos y con observación internacional y nacional».
Unamos sostiene que el oficialismo teme a las urnas porque «saben que un proceso electoral limpio significaría su salida del poder». La agrupación responsabiliza además al régimen de un deterioro creciente en las condiciones de vida: «Tenemos más desempleo y el costo de la vida es cada vez más alto. Los nicaragüenses nos empobrecemos, mientras la familia Ortega-Murillo hace ostentación de sus riquezas corruptas», afirma el texto.
El comunicado se difunde en un contexto de endurecimiento del control oficialista sobre las instituciones, hostigamiento a organizaciones opositoras y aumento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Unamos hace un llamado expreso a la comunidad internacional para mantener la presión sobre el régimen y apoyar la demanda de elecciones auténticamente competitivas.
Lo que está en juego
La aritmética es sencilla: una reforma constitucional que extiende el mandato, una postergación electoral y unas «consultas» sin consecuencias vinculantes equivalen, en la práctica, a la supresión del único mecanismo que podría alterar la distribución del poder en Managua. El régimen no necesita prohibir formalmente la oposición si logra vaciar de contenido el calendario electoral.
Conviene mirar los incentivos. Cuanto más se consolida el control institucional, menor es el costo político interno de cada nueva restricción. La historia de la región sugiere cautela: los regímenes que llegan a este punto rara vez retroceden sin presión externa sostenida. La pregunta relevante no es si la comunidad internacional condena la medida —ya lo hace—, sino si esa condena viene acompañada de consecuencias económicas y diplomáticas que eleven el costo real de gobernar sin urnas.
