La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobierno, y el Consejo Supremo Electoral comenzaron este miércoles a definir las leyes que impedirán a partidos opositores competir en comicios futuros. La votación está prevista para la primera semana de agosto, según confirmó el jefe del Legislativo, Gustavo Porras.
La iniciativa parte directamente del presidente Daniel Ortega, quien el domingo pasado, en el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, descartó realizar elecciones donde compitan sus adversarios, a los que acusó de «vendepatrias» al servicio de Estados Unidos. Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, fue reelegido tres veces en comicios cuestionados; en los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y ganó sin rivales.
La copresidenta Rosario Murillo —cónyuge de Ortega y elevada formalmente a ese rango— declaró que el objetivo es impedir elecciones «orientadas por Estados Unidos»: «Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás a Nicaragua». Porras, por su parte, precisó que la reforma apunta a «no dejar ni un resquicio» para que no se «pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos».
La respuesta internacional fue inmediata. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó la iniciativa e instó al gobierno a «restablecer el Estado de derecho», advirtiendo que «todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar». Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua y país que ya aplica restricciones de visa a numerosos funcionarios, declaró que no se quedará de «brazos cruzados» y pidió a la comunidad internacional «unir fuerzas» contra el régimen.
Líderes opositores consultados por AFP coinciden en que Ortega teme perder en una elección competitiva. «Ortega confiesa lo que más le inquieta: no ha conseguido neutralizar a la oposición (...), sabe que la voluntad de cambio sigue viva y que aún le disputa el país», declaró Félix Maradiaga, exaspirante presidencial, exdetenido político, despojado de su nacionalidad y exiliado en Estados Unidos. Juan Sebastián Chamorro, coordinador de un movimiento político en el exilio, advirtió que Ortega busca «convertir a Nicaragua en un país de partido único como China, Corea del Norte y Cuba».
El costo humano del régimen es verificable: casi un millón de nicaragüenses se exiliaron en Costa Rica, Estados Unidos y España en los últimos ocho años. Unos 500 activistas opositores, sacerdotes, periodistas e intelectuales —entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli— fueron despojados de su nacionalidad y bienes. Las protestas de 2018, reprimidas por el gobierno, dejaron más de 300 muertos según la ONU.
Opositores aseguran además que Murillo, de 75 años, ejecuta una purga interna —varios dirigentes del propio FSLN han sido encarcelados— ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus e insuficiencia renal.
Conviene mirar los incentivos. Un régimen que elimina por ley a sus competidores no lo hace desde una posición de fortaleza, sino de fragilidad: la reforma es, en rigor, la admisión de que el aparato estatal no puede ganar en condiciones mínimamente competitivas. El dato importa más que el ruido retórico sobre la soberanía: cuando un gobierno necesita codificar el partido único para sobrevivir, la pregunta ya no es si la oposición tiene apoyo, sino cuánto tiempo puede el régimen sostener ese costo ante una comunidad internacional que, por primera vez en años, parece dispuesta a coordinar una respuesta.
