Las autoridades de Nepal elevaron la madrugada de este viernes a 469 los muertos confirmados por las inundaciones ocurridas el miércoles tras la fuerte crecida del río Bhotekoshi, en el distrito montañoso de Rasuwa, próximo a la frontera con el Tíbet, en China.
La cifra fue informada por la policía nepalí a través de redes sociales, que precisó que la mayor parte de los cuerpos fueron rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi.
La misma fuente policial señaló que 1.545 personas heridas pudieron ser rescatadas, la mayoría de ellas en los distritos de Nuwakit y Rasuwa. Además, 28 agentes de la fuerza policial siguen desaparecidos, mientras casi 4.350 efectivos permanecen desplegados en las zonas afectadas.
La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres coincidió con la policía en el número de fallecidos, pero mantuvo en 977 la cifra de desaparecidos, un total que incluye a 517 extranjeros.
La magnitud de la tragedia —cientos de muertos, casi mil desaparecidos y miles de heridos en apenas tres días— revela algo más que la fuerza de la naturaleza. Revela el estado de la infraestructura y de las instituciones llamadas a prevenir y responder a este tipo de catástrofes en una de las zonas más escarpadas del planeta.
Rasuwa es un distrito de montaña, pegado a la frontera con el Tíbet, región que China administra bajo un control estricto y con escasa transparencia informativa. La velocidad y la escala del desastre nepalí, ocurrido a pocos kilómetros de esa frontera, plantea preguntas inevitables sobre los sistemas de alerta temprana disponibles en la cuenca del Bhotekoshi, un río que nace precisamente en territorio controlado por Beijing.
El dato importa más que el ruido: casi 4.350 policías desplegados y 1.545 heridos rescatados sugieren una movilización estatal considerable, pero también un país que llega tarde a advertir a su población sobre un riesgo hidrológico conocido desde hace años en la región del Himalaya. La diferencia entre 469 muertos confirmados y 977 desaparecidos —de los cuales más de la mitad son extranjeros— mide, en última instancia, la brecha entre la capacidad real de un Estado y las expectativas que sus ciudadanos y visitantes depositan en él.
Conviene mirar los incentivos. Nepal depende en gran medida del turismo de montaña y de la cooperación internacional para financiar infraestructura de prevención de desastres; una respuesta lenta o desordenada erosiona esa confianza justo en la temporada en que miles de extranjeros transitan sus rutas fluviales y de trekking. La historia sugiere cautela antes de dar por cerrado el recuento: en catástrofes de esta escala, en terrenos remotos y con comunicaciones limitadas, las cifras oficiales tienden a moverse durante semanas, no días.
Lo que ya es verificable es suficiente para extraer una lección: la vulnerabilidad de infraestructura en el corredor himalayo no es solo un problema climático, sino de gobernanza y de inversión sostenida en sistemas de alerta y evacuación. Sin ellos, cada temporada de monzones vuelve a convertirse en una lotería mortal para quienes viven, trabajan o viajan junto a estos ríos.
