El intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas murió la noche del miércoles 26 de agosto durante un operativo en la invasión de La Carbonera, localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Tenía 39 años, era oriundo de Cunday, Tolima, acumulaba 19 años y cuatro días de servicio —más de nueve de ellos en la Policía Metropolitana de Bogotá— y deja a su esposa y a un hijo de nueve años.
El uniformado participaba, vestido de civil, en labores de verificación e identificación de los presuntos responsables de un triple homicidio ocurrido en el mismo sector. Según las autoridades, esos asesinatos estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes.
El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que durante la búsqueda los agentes se enfrentaron con los presuntos responsables del triple crimen: «En medio de la búsqueda y la reacción policial de los responsables de ese triple homicidio, en el momento en que uniformados de la Sijín hacían la verificación, se enfrentaron con los presuntos responsables de este asesinato». Pinilla Cárdenas fue impactado en ese intercambio y trasladado a un centro médico, donde murió por la gravedad de las lesiones.
Tras el enfrentamiento, la Policía informó la captura de tres personas y la incautación de tres armas de fuego. Las autoridades investigan si los detenidos guardan relación con el triple homicidio y con la muerte del intendente. Cristancho Zambrano subrayó que las operaciones continúan para localizar a los demás presuntos implicados: «No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente».
El alcalde de Bogotá, Galán, lamentó la muerte del uniformado y señaló que la banda responsable «opera en Ciudad Bolívar y que sería la responsable de tres homicidios». Su instrucción a la Policía fue explícita: «No descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda responsables de este lamentable hecho».
El dato importa más que el ruido. Lo ocurrido en La Carbonera no es un episodio aislado: es la expresión más cruda del costo humano que pagan quienes sostienen el orden en territorios donde el Estado compite palmo a palmo con estructuras criminales financiadas por el narcotráfico. Un investigador con casi dos décadas de servicio muere precisamente porque fue a hacer su trabajo donde otros no llegan.
Conviene mirar los incentivos. Mientras el debate político nacional gira en torno a narrativas de «paz total» y diálogos con actores armados, los agentes de la Sijín operan en invasiones del sur de Bogotá enfrentando bandas que responden a bala. La pregunta que la coyuntura impone no es retórica: ¿qué señal envía el aparato estatal a quienes arriesgan la vida si la respuesta institucional privilegia la negociación sobre la contundencia operativa? El intendente Pinilla Cárdenas merece, al menos, que esa pregunta se formule con claridad.
