Andrew Mountbatten-Windsor, el hermano del rey Carlos, ha iniciado acciones legales contra Thames Valley Police por las órdenes de registro relacionadas con su arresto de febrero, según informaron The Telegraph, Variety y Deadline.
De acuerdo con esas fuentes, sus abogados han presentado una revisión judicial sobre las órdenes que permitieron a la policía investigar su casa en Sandringham Estate y su antigua residencia en Royal Lodge, en Windsor. El tribunal celebrará una audiencia privada el jueves para considerar su solicitud.
Mountbatten-Windsor fue arrestado por Thames Valley Police el 19 de febrero, día de su 66.º cumpleaños, en relación con una investigación sobre una denuncia que alegaba que había compartido material confidencial con Jeffrey Epstein. Más tarde quedó en libertad bajo investigación.
Variety señala que fue arrestado «por sospecha de conducta indebida en cargo público» tras la publicación de los archivos de Epstein. Deadline añade que el caso se produjo después de que le fuera retirado el título principesco por su hermano, el rey Carlos III, y recuerda que fue la primera vez que un miembro de la realeza británica moderna era arrestado.
La policía confirmó a BBC News, según Variety, que está implicada en «procedimientos legales en relación con órdenes obtenidas previamente del Central Criminal Court» y que, al tratarse de un proceso en curso, sería inapropiado comentar más.
Las fuentes también señalan que Mountbatten-Windsor fue despojado de su título real el año pasado por sus vínculos con Epstein, y que apareció citado y fotografiado numerosas veces en los más de 3 millones de páginas de los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en febrero.
Variety añade que el ex príncipe tenía una amistad prolongada con Epstein y mantuvo contacto con él después de su condena en 2008 por procurar a una menor para prostitución. En esa misma crónica se indica que Mountbatten-Windsor ha pedido disculpas previamente y ha negado haber hecho nada indebido.
La disputa ya no es solo sobre su relación con Epstein, sino sobre los instrumentos con que actúa el Estado cuando investiga a figuras de alto perfil. En una democracia madura, la policía debe operar con base legal sólida, pero también con la disciplina de no convertir el poder de registro en una costumbre opaca. Conviene mirar los incentivos: si las órdenes quedan bajo escrutinio judicial, el aparato estatal tendrá que justificar mejor cada paso.
Para la Corona, el costo es de otra naturaleza, pero no menor. Cada nuevo expediente prolonga la erosión de una institución que depende del decoro y de la percepción pública tanto como de sus funciones formales. La historia sugiere cautela: cuando el privilegio choca con el estado de derecho, el margen para la ambigüedad se estrecha. Y en ese terreno, el dato importa más que el ruido.
