La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena emitió el 8 de agosto medidas cautelares contra las diputadas locales poblanas Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, bajo el expediente CNHJ-PUE-552/2026. La causa: expresiones vertidas en el podcast «DesCasadas» el 21 de julio, en el que ambas legisladoras describieron a los adultos mayores con frases como «huelen a baúl del recuerdo» y «ya se están pudriendo».
La resolución provisional suspende temporalmente, en el ámbito interno del partido, los derechos de participación, deliberación, votación, postulación, representación y cualquier encargo orgánico que pudieran ejercer las acusadas en asambleas, consejos, comités y procesos internos de Morena. La propia dirigencia nacional confirmó a El Universal que la medida es estrictamente interna y no impide el ejercicio de sus funciones legislativas ni afecta sus cargos en el Congreso de Puebla.
Además de la suspensión, la CNHJ ordenó a ambas legisladoras abstenerse de emitir, publicar, reproducir o amplificar —por sí o por interpósita persona— expresiones que puedan constituir comentarios edadistas o cualquier forma de discriminación por edad, apariencia física, condición de salud, género u origen, en redes sociales, podcasts, entrevistas o cualquier otro medio.
Tras conocerse la resolución, Salvatori publicó un video en sus redes sociales en el que se definió como «una de las mujeres más funadas», admitió que sus expresiones fueron «un error grave» y señaló que estuvo tentada a retomar antidepresivos ante la presión de los últimos días. Agregó que el escándalo reactivó polémicas anteriores y que recibió amenazas. «Lo asumo y lo dejo en manos de Dios», escribió. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta Claudia Sheinbaum —quien ha reforzado el discurso en favor de los adultos mayores— habían mostrado su desagrado con las declaraciones antes de que se emitiera la resolución.
El caso también motivó un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que condenó los dichos y pidió sancionar discursos discriminatorios contra ese sector de la población.
Conviene mirar los incentivos. El aparato disciplinario de Morena reaccionó con velocidad inusual, lo que revela menos sensibilidad institucional que cálculo político: los adultos mayores son el núcleo duro del electorado que sostiene la pensión universal, el programa insignia del movimiento. Sancionar a las diputadas cuesta poco —la suspensión no toca sus escaños ni su sueldo como legisladoras— y protege un activo electoral invaluable. El dato importa más que el ruido: cuando la línea entre disciplina partidista y gestión de imagen se borra, lo que queda es un partido que administra la narrativa con la misma lógica con que administra el presupuesto público: priorizando la supervivencia del aparato sobre cualquier otro principio.
