Hace treinta años, México cerraba el siglo XX bajo una crisis económica severa y 70 años de gobierno ininterrumpido del Partido Revolucionario Institucional. Al tomar protesta como presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León admitió que «los avances democráticos son aún insuficientes» y convocó a los partidos a participar «con espíritu franco y resuelto» en la democratización del país.
El resultado fue el Acuerdo Político Nacional, firmado el 17 de enero de 1995 en Los Pinos por los dirigentes de los cuatro partidos con representación en la Cámara de Diputados: María de los Ángeles Moreno por el PRI, Carlos Castillo Peraza por el PAN, Porfirio Muñoz Ledo por el PRD y Alberto Anaya por el PT. El compromiso era diálogo y prontitud. La práctica fue otra: los desacuerdos abundaron y la forma habitual de manifestarlos fue abandonar la mesa de negociación.
El dato importa más que el ruido: en agosto de 1995, el entonces líder priísta Santiago Oñate declaró públicamente que su partido «no tiene prisa por llevar adelante una reforma electoral», una frase que resume el margen de maniobra que conservaba el partido en el poder mientras negociaba, en teoría, su propio acotamiento.
Paralelamente surgió el Seminario del Castillo de Chapultepec, un espacio de discusión entre consejeros ciudadanos del entonces Instituto Federal Electoral —organizado por Santiago Creel, José Agustín Ortiz Pinchetti y Jaime González Graf— junto con representantes partidistas y académicos. Ese seminario fijó diez conceptos fundamentales para cualquier proyecto democrático: autonomía total del IFE frente al Ejecutivo, control constitucional en materia electoral, fiscalización del financiamiento con prioridad del dinero público sobre el privado, equidad en medios, prohibición de símbolos patrios partidistas, registro definitivo de partidos, facilidad para coaliciones, una cédula de identidad ciudadana, separación entre programas públicos y partidistas, y prohibición de la afiliación colectiva.
En enero de 1996 el seminario entregó un listado de 60 puntos. No todos llegaron a aprobarse en el Congreso.
Mientras la discusión ciudadana avanzaba en Chapultepec, la negociación real ocurría en la Mesa de Barcelona, organizada por la Secretaría de Gobernación bajo el entonces secretario Emilio Chuayffet, con legisladores de los partidos principales pero sin presencia ciudadana ni académica. Ahí, según documenta la fuente, el entonces gobernador de Puebla, Manuel Bartlett, representó a la facción «dura» del PRI, que se negaba a soltar el poder y buscó impedir el voto en el extranjero, la salida del Ejecutivo del IFE y del Tribunal Electoral, y la elección directa del regente de la capital. El proceso se rompió cuando el PAN retiró a sus representantes de esa mesa, disconforme con el rumbo de las negociaciones.
Casi al cierre del proceso, Porfirio Muñoz Ledo describió el acuerdo alcanzado como «el consenso entre partidos más avanzado del que se tenga conocimiento», aunque advirtió que el tiempo diría si era definitivo.
Conviene mirar los incentivos. La reforma de 1996 dotó de autonomía formal al árbitro electoral y desactivó, al menos en el papel, el control directo del Ejecutivo sobre los comicios. Pero el diseño final —negociado en dos mesas paralelas, una ciudadana y otra estrictamente partidista, con la segunda dominada por la Secretaría de Gobernación— reveló dónde residía el poder real de decisión. El titular original de la pieza histórica lo resume sin rodeos: benefició a los partidos, no necesariamente a los ciudadanos.
Treinta años después, el debate sobre quién controla las instituciones electorales mexicanas y con qué grado de autonomía frente al poder de turno sigue vigente. La historia sugiere cautela: los acuerdos entre cúpulas partidistas pueden producir legitimidad formal sin garantizar, por sí solos, un equilibrio institucional que resista la tentación de cualquier gobierno de concentrar autoridad sobre el árbitro de sus propias elecciones.
