Desde que Australia prohibió a los menores de 16 años utilizar redes sociales a finales de 2025, más de dos docenas de países iniciaron análisis de prohibiciones o restricciones similares. México figura en esa lista junto a naciones europeas y economías en desarrollo como Indonesia, Vietnam y Brasil.
La tendencia tiene un detonante claro: la preocupación creciente por los efectos del uso excesivo de plataformas digitales en la salud mental de los jóvenes. Demandas presentadas en Estados Unidos sostuvieron que compañías de redes sociales provocaron daños graves entre usuarios jóvenes al diseñar plataformas difíciles de abandonar. Diversos estudios académicos señalaron que un exceso de tiempo frente a pantallas puede afectar el desarrollo infantil y reducir las interacciones humanas que los niños necesitan para convertirse en adultos funcionales.
El libro The Anxious Generation, publicado en 2024 por el psicólogo Jonathan Haidt, relacionó el aumento de problemas de salud mental entre adolescentes —registrado desde alrededor de 2012— con el paso de una «infancia basada en el juego» hacia una «infancia basada en el teléfono». La obra contribuyó al impulso de la prohibición australiana y llevó a líderes como el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a solicitar informes de expertos sobre el tema.
La legislación australiana exige a los operadores de plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook y X tomar medidas razonables para impedir que menores de 16 años utilicen sus servicios. Los métodos de verificación contemplados incluyen documentos de identidad, datos biométricos e inferencia de comportamiento en línea.
Sin embargo, los resultados tempranos generan escepticismo. Gigantes tecnológicos como Meta Platforms y Snap recibieron acusaciones por aplicación deficiente de las restricciones, y muchos adolescentes encontraron formas de evadir los controles. En junio, el gobierno del Reino Unido anunció una «prohibición total» para menores de 16 años, con toques de queda digitales a partir de la medianoche y restricciones a la reproducción automática y al perfilado algorítmico, prevista para la primavera de 2027 bajo el modelo australiano, aunque sin claridad sobre su aplicación práctica.
La evidencia científica, por su parte, dista de ser concluyente. Una encuesta reciente entre unos 30 mil niños europeos, realizada por la London School of Economics, concluyó que «los resultados no respaldan una interpretación sencilla según la cual el acceso a las redes sociales sea claramente seguro o claramente perjudicial». Los académicos debaten si el deterioro psicológico entre jóvenes responde al tiempo en internet o a otros factores, como la presión académica y una mayor detección de casos.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un gobierno prohíbe algo cuya eficacia no está demostrada, el costo lo asumen los ciudadanos —en este caso, también las empresas que operan bajo reglas cambiantes— mientras el Estado acumula nuevas facultades de verificación de identidad y vigilancia del comportamiento digital. El debate real no es si las pantallas dañan a los niños, sino quién decide cómo protegerlos: los padres o el aparato regulatorio. México, con instituciones débiles para hacer cumplir normas complejas y un historial de regulaciones que sirven más para recaudar multas que para proteger derechos, debería responder esa pregunta antes de copiar modelos cuyo éxito aún no está probado en ninguna parte.
