En lo que va de 2026, un total de 212 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México, un promedio de uno al día, según la organización civil Causa en Común.
La asociación sin fines de lucro publicó este viernes su reporte «Policías asesinados 2026» y sostuvo que la cifra acumula 654 agentes de seguridad asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de septiembre de 2026, periodo en el que ha gobernado la presidenta Claudia Sheinbaum.
La organización detalló que entre los 212 elementos asesinados hay 85 policías municipales, 66 policías estatales, 44 integrantes de la Guardia Nacional, 11 del Ejército, cuatro policías federales y dos miembros de la Marina.
También señaló que los estados con el mayor número de asesinatos son Jalisco, con 36; Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25; Estado de México, con 14; y Morelos, con 14. Por ello, dijo que el centro de México se posiciona como el territorio más amenazante para los cuerpos de seguridad pública.
Del 4 al 10 de septiembre de 2026, agregó, suman al menos 10 agentes asesinados en Guerrero, Veracruz, Durango, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco.
En su último reporte de 2025, la ONG documentó 348 policías asesinados, un promedio de uno al día y un 9 % más que los registrados en el mismo periodo de 2024. Entonces, Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz encabezaron la lista de entidades con más homicidios.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024, Causa en Común documentó el homicidio de al menos 2.456 policías, un promedio de más de uno por semana.
Las cifras aparecen mientras la administración de Sheinbaum despliega operativos de seguridad en distintos territorios del país para combatir al crimen organizado, en medio de las constantes presiones de Estados Unidos para hacer frente a la amenaza de los cárteles mexicanos, algunos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas por EE.UU.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un país normaliza que los agentes que encarnan el orden público caigan a razón de uno al día, el mensaje al ciudadano y al delincuente es inquietante. El Estado pierde autoridad práctica, no solo simbólica.
La prioridad no puede ser otra que restaurar la seguridad de quienes sostienen la ley. Sin un aparato estatal capaz de proteger a sus propios policías, la conversación sobre combate al crimen, soberanía y confianza institucional queda inevitablemente incompleta.
