El Gobierno de México propone destinar 1 billón 25 mil 388.5 millones de pesos a sus principales programas sociales durante 2027, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La cifra convierte a los llamados Programas para el Bienestar en uno de los ejes centrales del gasto público para el próximo ejercicio fiscal.
El programa con mayor asignación individual sería la Pensión para Adultos Mayores, con 543 mil 498.4 millones de pesos, más de la mitad del total destinado al bloque social. Le siguen los programas de Becas Benito Juárez, que en conjunto contemplan 190 mil 551.9 millones de pesos, y la Beca Rita Cetina, con una asignación separada de 133 mil 561.3 millones de pesos.
Entre los demás rubros destacan la Pensión Mujeres Bienestar con 59 mil 356.3 millones de pesos; la Pensión para Personas con Discapacidad con 37 mil 436.3 millones; Sembrando Vida con 40 mil 500 millones; el Programa de Vivienda Social con 34 mil 353.9 millones; Jóvenes Construyendo el Futuro con 25 mil 985.3 millones, y La Escuela es Nuestra con 20 mil millones de pesos.
Dentro del capítulo de becas, la propuesta contempla además 43 mil 932.4 millones para estudiantes de nivel medio superior y 13 mil 58.2 millones para Jóvenes Escribiendo el Futuro.
El gasto neto total del PPEF 2027 asciende a 10 billones 515.1 mil millones de pesos, un incremento real de 0.7 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2026. El gasto programable —bienes, servicios y obras públicas— llegaría a 7 billones 311.1 mil millones, con un alza real de 1 por ciento frente al año en curso.
Fuera del gasto social, el proyecto reserva 560 mil 172.6 millones de pesos para inversión en proyectos ferroviarios, infraestructura hidráulica, carreteras, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hacienda sostiene que el presupuesto está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con el Plan México. La propuesta deberá ser discutida y aprobada por la Cámara de Diputados.
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Conviene mirar los incentivos. Un billón de pesos canalizados a transferencias directas y pensiones representa una apuesta política de alto costo fiscal: concentra más de la décima parte del gasto neto total en programas cuya expansión está blindada constitucionalmente, lo que reduce el margen de maniobra para inversión productiva, seguridad o reducción de deuda. El incremento real de apenas 0.7 por ciento en el gasto total sugiere que el ajuste no llegará por el lado social, sino por partidas que sí generan retornos económicos medibles.
El dato importa más que el ruido. Mientras el gobierno presenta estas cifras como «inversión para el bienestar», la estructura del presupuesto revela una lógica de gasto corriente difícil de revertir: pensiones y becas no construyen infraestructura ni mejoran productividad. El contribuyente mexicano financia un modelo que prioriza la lealtad electoral sobre la creación de condiciones para el libre mercado y el crecimiento sostenido. La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de examinar con rigor cada línea.
