Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos debió haber provocado un escándalo en México y una investigación inmediata, pero eso no ocurrió. El gobierno mexicano guardó silencio y el caso pasó desapercibido en la opinión pública, pese a tratarse de una acusación grave.
Los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York desclasificaron una acusación contra seis personas que trabajan para los servicios de inteligencia de Rusia por construir una red de mercenarios para asesinar objetivos en el mundo y realizar sabotajes y terrorismo contra países en Europa que respalden a Ucrania. De acuerdo con esa acusación, un equipo de esa cadena global de asesinos se encuentra en México.
La red, llamada RIS Network, funciona desde cuando menos el verano de 2024 y, según los fiscales, es el brazo del Kremlin encargado de ejecutar asesinatos y ataques en todo el mundo. Tres de los acusados, rusos de nacimiento, tienen altos cargos en la cadena RIS, y los otros tres son dos cubanos —uno vive en Rusia y coordina los ataques— y un venezolano.
La acusación señala que, alrededor de julio de 2026, el venezolano Ángel Eduardo Castro, que vive en Moscú, preguntó mediante un mensaje encriptado a un estadounidense reclutado por los rusos sobre una persona de confianza que pudiera matar a un disidente ruso que pensaban vivía en Estados Unidos. La petición partió de uno de los cubanos acusados, Yaidel Delgado Suárez, apodado El Vikingo, quien dijo estar presionado por sus jefes para encontrar un asesino, porque el equipo que Moscú tenía para ese tipo de ataques y ejecuciones en México tenía un problema logístico que lo mantenía atorado.
Las referencias al equipo en México son circunstanciales y, por ahora, no identifican a sus integrantes, su nacionalidad ni el lugar donde viven. Tampoco queda claro si esta investigación contó con cooperación del gabinete de seguridad mexicano o si la Fiscalía General de la República abrió una carpeta propia una vez enterada del caso.
La falta de respuesta oficial importa más allá del episodio puntual. Si un grupo vinculado a la inteligencia rusa opera en territorio mexicano, la cuestión no es solo diplomática: toca la seguridad nacional y la capacidad del Estado para vigilar su propio territorio. Conviene mirar los incentivos. Cuando un país tolera zonas grises en inteligencia, propaganda y redes de influencia, el costo no lo paga la burocracia sino los ciudadanos.
El expediente también reabre una vieja incomodidad en la relación con Moscú. El texto recuerda que, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México mantuvo una relación extrañamente cercana con Rusia, y que la relación no cambió con Claudia Sheinbaum. Además, cita un reclamo de Christopher Landau sobre la presunta entrega de nombres de agentes estadounidenses al servicio de inteligencia ruso por parte de Audomaro Martínez, y menciona la llegada de unos 90 rusos acreditados como diplomáticos, de los cuales se estimaban al menos 20 espías.
El dato importa más que el ruido. Si las instituciones mexicanas no aclaran qué sabían, cuándo lo supieron y qué hicieron, el vacío lo llenarán otros: Washington, los servicios de inteligencia y la desconfianza pública. Para un país que aspira a preservar soberanía y orden, eso es un mal negocio. La libre empresa, la inversión y la vida cotidiana requieren algo más básico que discursos: un Estado que controle su territorio y no deje que redes extranjeras operen a la sombra.
