El encargado de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa, invitó públicamente a los alcaldes a conformar una mesa de trabajo para diseñar un nuevo fondo municipal «apenas se apruebe la norma» de la megarreforma. El anuncio llegó a través de la red social X, en respuesta al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, del Frente Amplio.
El trasfondo es concreto: la megarreforma incluye la exención del impuesto territorial para adultos mayores, lo que recortaría ingresos propios de los municipios. Para compensar ese hueco, La Moneda propone dos vías. La primera, de corto plazo, consiste en que el gobierno ayude a los municipios a fiscalizar el cobro de derechos de aseo y patentes comerciales. La segunda, de largo aliento, es la creación de un fondo financiado con un tercio del 1% de lo que se recaude por la llamada invariabilidad tributaria.
Ese régimen de invariabilidad permite a las empresas acogerse a un esquema de estabilidad fiscal a cambio de pagar un 1,5% adicional al impuesto corporativo. Del total recaudado por ese concepto, el 1% alimentaría el fondo, y de ese 1%, un tercio iría a municipios que cumplan ciertos criterios: carácter metropolitano, atractivo turístico, alto valor patrimonial o cultural, o alta población flotante.
Los alcaldes tienen dos objeciones centrales. La primera es la incertidumbre sobre el monto: el fondo depende de cuántas empresas decidan acogerse voluntariamente al régimen, una variable que hoy nadie puede proyectar con precisión. La segunda es que aún no se sabe qué comunas específicas recibirán los recursos. El alcalde de Renca, Claudio Castro, lo resumió sin rodeos: «No podemos reaccionar positivamente a eliminar una fuente de financiamiento municipal que es progresiva y justa, como las contribuciones, para cambiarla por una compensación de la que no tenemos certezas».
El asesor por contribuciones de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Demetrio Benito, reconoció que la prima «nos parece una buena idea», pero advirtió que «demora en entrar en régimen, no será inmediato», y señaló que comunas como La Reina verán sus ingresos propios mermados sin que las compensaciones vía patentes y derechos de aseo alcancen a cubrir el impacto. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, del Partido Socialista, fue igualmente directa: «Se plantea en incertidumbre, a largo plazo. No da certeza a las comunas».
La mesa de trabajo se conformaría junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la AMUCH, más técnicos externos. Sin embargo, la normativa aún debe completar un tercer trámite constitucional y regresar a la Cámara de Diputados.
Conviene mirar los incentivos. El gobierno enfrenta un dilema clásico del intervencionismo fiscal: al eximir a un grupo del impuesto territorial —decisión con rédito político inmediato— traslada el costo a los municipios y luego ofrece una compensación cuyo monto es función de decisiones privadas futuras. Es decir, sustituye un ingreso predecible por una promesa sujeta a variables que el aparato estatal no controla. Los municipios, que son quienes prestan servicios directos al ciudadano, quedan atrapados entre la generosidad electoral del Ejecutivo y la incertidumbre presupuestaria. El dato importa más que el ruido: ningún fondo diseñado sobre supuestos de recaudación voluntaria reemplaza con fiabilidad una base tributaria estable. La historia sugiere cautela ante compensaciones que llegan después de que el daño ya está legislado.
