El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá decidió este martes 14 de julio mantener las medidas cautelares impuestas el 27 de junio por el juez de garantías Fermín Bonilla contra los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade. La audiencia se extendió desde las 8:30 a.m. hasta las 3:45 p.m., y los magistrados concluyeron que las restricciones eran «adecuadas y conducentes» para esta etapa del proceso.
López, ex secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), queda sujeto a notificación periódica. Andrade, quien también ejerció esa secretaría general, permanece bajo retención domiciliaria. Ambos tienen además prohibición de acercarse a las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y de Conusi, medida orientada a proteger pruebas y testigos.
Los cargos difieren según el imputado: López enfrenta imputación por peculado doloso; Andrade, por blanqueo de capitales y peculado por extensión.
El fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez sostuvo ante el tribunal que entre 2019 y 2025, período en que López y Andrade se desempeñaron como secretarios generales de Conusi, se registraron presuntos manejos irregulares de los recursos que el Mitradel asignaba a esa organización para la formación laboral de trabajadores. Una auditoría de la Contraloría General de la República determinó, según la Fiscalía, una lesión patrimonial de $760 mil 951.
Entre las irregularidades descritas por el fiscal figuran beneficiarios de programas de formación que eran personas fallecidas, menores de edad y casos en que los números de cédula no coincidían con la identidad de quienes supuestamente participaron en los cursos. Rodríguez atribuyó además a Andrade el uso de $59 mil destinados a la formación de trabajadores para la compra de un vehículo y otros bienes, los cuales, según la acusación, posteriormente intentó traspasar al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez.
La defensa de López, a cargo del abogado Javier Quintero, rechazó los cargos. Quintero afirmó que su cliente no incurrió en ninguna actividad ilícita y que ha presentado sus descargos sobre el manejo de los fondos durante su gestión. Argumentó además que la Fiscalía incurrió en un error al establecer el tipo penal, dado que ni Andrade ni López son funcionarios públicos y no tenían bajo su responsabilidad directa el manejo de fondos públicos.
Conviene mirar los incentivos. El caso ilustra un patrón que el Estado panameño —y buena parte de la región— ha tolerado demasiado tiempo: la transferencia de dinero público a organizaciones privadas sin controles de ejecución proporcionales al riesgo. Cuando los beneficiarios de un programa de capacitación incluyen personas fallecidas y menores de edad, el fallo no es solo individual; es sistémico. La auditoría de la Contraloría cumplió su función, pero llegó años después de iniciadas las transferencias.
El gobierno del presidente Mulino ha apostado por la estabilidad jurídica y la inversión como ejes de su gestión. Que el aparato anticorrupción actúe con independencia y que el Tribunal Superior confirme medidas cautelares sin ceder a presiones gremiales es una señal que los mercados y los ciudadanos deben registrar: las instituciones funcionan mejor cuando los incentivos para la rendición de cuentas son reales. El dato importa más que el ruido.
