La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celebró el 5 de agosto en Medellín una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares sobre La Escombrera y La Arenera, el sitio en la Comuna 13 donde habrían sido inhumadas más de 500 personas durante la primera década de este siglo. En ese marco se presentó el proyecto para convertir ese lugar en un complejo memorial que dignifique a las víctimas de desaparición forzada.
El magistrado Gustavo Salazar, quien preside la investigación de la Comuna 13, informó que a finales de agosto concluirá la quinta fase de búsqueda y que se prepara una sexta etapa en el llamado «polígono ampliado». Hasta ahora se han excavado 63.000 metros cúbicos de desechos de construcción y se han exhumado siete cuerpos. La nueva intervención abarcaría cerca de 3.000 m² y requeriría manipular aproximadamente 32.000 m³ de material, con un plazo estimado de entre 16 y 20 meses. Por testimonios de exintegrantes del bloque Cacique Nutibara, se estima que en ese espacio podría haber entre 50 y 60 osamentas, aunque Salazar señaló que podrían ser más.
El hallazgo de una víctima de la Zona Nororiental entre los siete cuerpos recuperados llevó al magistrado a afirmar que «La Escombrera fue un sitio de inhumación ilegal para toda la ciudad, no solo para la Comuna 13».
El proyecto memorial fue presentado por Alejandra Zarria, líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas. Incluye una Ruta de la Memoria con murales y paneles explicativos en los lugares donde ocurrieron hechos como las operaciones Mariscal y Orión, un sendero denominado Ágora de Piedras que recrea el recorrido de las familias buscadoras, una plazoleta, un laberinto de siluetas que representarán a los desaparecidos con señalamiento de responsables determinados judicialmente —incluidos los pertenecientes al Estado—, y un Pabellón de Memoria para exposiciones y eventos. Además, se proyectarán siluetas ampliadas de los desaparecidos sobre el talud de La Escombrera.
La audiencia, presidida por el magistrado Alejandro Ramelli junto a otros tres magistrados de la JEP, también dejó expuesta una tensión financiera de fondo. El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, pidió a la JEP que interpele al gobierno nacional saliente de Gustavo Petro, al que acusó de haber incumplido desembolsos comprometidos y de no haber dejado apropiado con qué contribuir en lo que resta de 2026, sin mencionar vigencias futuras que garanticen la operación posterior. Según Arcila, se requieren fondos para maquinaria amarilla, apoyo psicológico y jurídico a las madres buscadoras, logística y monitoreo del sistema de seguimiento del movimiento de tierras.
Ramelli respondió con una precisión institucional relevante: «Las órdenes judiciales obligan a las instituciones, no están sujetas al cambio de un gobierno específico».
Conviene mirar los incentivos. La arquitectura del memorial es ambiciosa y su valor simbólico para las familias buscadoras es innegable; el problema es que los símbolos no excavan tierra ni sostienen equipos forenses. Que el gobierno Petro, que hizo de la memoria y los derechos humanos una bandera de campaña, haya llegado a su último tramo sin garantizar los recursos para una búsqueda ordenada judicialmente ilustra una brecha clásica entre el discurso oficial y la gestión presupuestaria. El dato importa más que el ruido: las víctimas de la Comuna 13 no necesitan más retórica sobre la memoria; necesitan maquinaria, financiamiento y continuidad institucional que ningún cambio de gobierno pueda interrumpir.
