Dos grandes incendios forestales avanzan sin control en la sierra que une las provincias de Madrid y Ávila, en el centro de España. Según datos del Ministerio del Interior, la cifra total de afectados supera los 88.600: 59.488 evacuados y 29.132 confinados en sus domicilios con prohibición de salir.
En la sierra oeste de Madrid los afectados suman 50.620, distribuidos entre 29.488 evacuados y 21.132 confinados. En Ávila, 30.000 habitantes han sido desalojados y otros 8.000 permanecen recluidos. Numerosas carreteras fueron cortadas al tráfico ante el avance de las llamas, favorecidas por viento fuerte y cambiante y un relieve abrupto con densa cobertura arbórea.
El balance provisional de superficie quemada oscila entre 13.000 y 15.000 hectáreas en Ávila y cerca de 10.000 en Madrid, aunque las autoridades regionales madrileñas elevan esa cifra a 12.000 hectáreas. La divergencia entre los datos del Gobierno central y los de la Comunidad de Madrid ilustra la habitual tensión de competencias en emergencias de este calibre.
El Ejecutivo español asumió el mando único de la emergencia nacional y desplegó 1.201 militares con 400 medios terrestres, más de 1.300 miembros de las fuerzas de seguridad con 60 vehículos, 110 efectivos de Protección Civil y más de 20 aeronaves. A ese dispositivo se suman los equipos propios de Madrid y Castilla y León, el apoyo de otras administraciones regionales y la colaboración internacional: dos aviones procedentes de Grecia, dos de Italia, otros dos ofrecidos por Turquía y un destacamento militar portugués.
La magnitud del despliegue —que cruza fronteras y activa mecanismos de solidaridad europea— subraya que ninguna administración regional podía afrontar sola una emergencia de esta escala. La coordinación entre el Estado central, las comunidades autónomas y los aliados exteriores ha resultado indispensable, aunque el coste final para el erario público todavía no ha sido cuantificado.
Conviene mirar los incentivos. España lleva décadas debatiendo la gestión del monte, la política forestal y la inversión en prevención; los incendios recurrentes en verano sugieren que el gasto en extinción sigue siendo muy superior al destinado a reducir la carga de combustible en los bosques. El dato importa más que el ruido: cuando el fuego obliga a evacuar a casi 90.000 personas en dos provincias simultáneamente, la pregunta no es solo cuántos aviones se han movilizado, sino qué decisiones de política pública —ordenación del territorio, gestión forestal, incentivos a la limpieza del monte— se tomarán cuando las cámaras se apaguen.
