El ministro del Interior español, Grande-Marlaska, descartó este jueves que Marruecos vaya a suspender el acuerdo bilateral de extradiciones, pese a que el ministro de Justicia marroquí, Ouahbi, amenazó el miércoles con hacerlo. La declaración se produjo durante una visita a Ceuta, la segunda del titular de Interior tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio.
Ouahbi argumentó que no existe reciprocidad entre las políticas migratorias de ambos países. Según sus palabras, Marruecos impide la entrada de inmigrantes —marroquíes y de otras nacionalidades— mientras España «anuncia que está dispuesta a recibir a todos». La crítica apunta directamente a la regularización masiva aprobada recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Grande-Marlaska respondió con una fórmula de contención diplomática: «La cooperación y la coordinación en materia de extradiciones con el Reino de Marruecos, así como en cooperación judicial, siempre ha sido, es y será extraordinaria y excepcional». Invocó su trayectoria previa como magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para avalar su lectura optimista de la relación bilateral.
El ministro también negó de forma tajante que exista riesgo de terrorismo tras la entrada masiva registrada el 30 de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron hacia Ceuta en un solo día. Aseguró que las autoridades están «vigilantes» y «monitorizando a todas las personas que han entrado», y atribuyó esa capacidad de seguimiento a la cooperación «impecable» con Marruecos en materia antiterrorista.
Sobre la crisis del 30 de julio, Grande-Marlaska reiteró la versión oficial: fue un hecho «excepcional», pero la respuesta conjunta fue «extraordinaria» y permitió que la mayoría de quienes habían cruzado retornasen en los días siguientes. Elogió la actitud de Marruecos durante el episodio, pese a los señalamientos de pasividad hacia los agentes marroquíes, que según distintas fuentes permitieron la entrada constante de personas durante 24 horas.
Conviene mirar los incentivos. La regularización masiva impulsada por el Gobierno de Sánchez no es un dato periférico en esta crisis: es, según el propio ministro de Justicia marroquí, la razón explícita por la que Rabat cuestiona el equilibrio del acuerdo bilateral. Cuando un socio estratégico eleva esa queja al nivel de amenaza sobre un instrumento jurídico tan sensible como las extradiciones, la respuesta no puede limitarse a elogios protocolares.
El dato importa más que el ruido. Más de 70.000 entradas en un día, un ministro extranjero que cuestiona públicamente la reciprocidad y un aparato estatal que responde con garantías verbales configuran un escenario de fragilidad institucional que el contribuyente español —y el ciudadano de Ceuta en particular— tiene derecho a que se gestione con algo más que retórica diplomática. La historia sugiere cautela ante quienes confunden la ausencia de ruptura formal con la presencia de una política migratoria sostenible.
