Luego de la audiencia de imputación de cargos contra Laura Sarabia por el caso del polígrafo, su exniñera Marelbys Meza afirmó que no ha recibido una indemnización por los hechos ocurridos en enero de 2023, como se había afirmado en versiones relacionadas con el caso.
En entrevista con La FM, Meza fue tajante: «No he recibido nada». Añadió que tampoco ha obtenido una reparación económica por lo sucedido.
La imputación contra Sarabia incluye los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Meza reiteró además que mantiene su versión sobre el episodio que se desencadenó tras la supuesta pérdida de dinero de una maleta y volvió a señalar que fue víctima de «abuso de poder».
El dato importa más que el ruido. Y aquí el dato es simple: una persona afectada por un episodio ya judicializado dice que no ha sido resarcida, mientras el expediente sigue abierto sobre conductas graves atribuidas a una funcionaria. Conviene mirar los incentivos. Cuando el poder público entra en una zona gris, la pregunta no es solo quién tenía razón en el relato original, sino qué controles fallaron y quién termina asumiendo el costo.
Para un sistema institucional sano, las indemnizaciones, las responsabilidades y las imputaciones no deberían depender de versiones cambiantes ni de la presión del momento. Deben sostenerse en reglas claras, trazabilidad y debido proceso. Si el dinero de los contribuyentes, la autoridad estatal y la reputación de los involucrados quedan atrapados en una disputa opaca, pierde la confianza pública y gana la burocracia que se protege a sí misma.
La historia sugiere cautela. Lo que está en juego no es solo una controversia personal, sino el estándar con el que se mide el abuso de poder cuando lo ejerce alguien cercano al núcleo del gobierno. En una democracia seria, el poder se limita; no se improvisa. Y cuando las instituciones funcionan, la reparación y la responsabilidad no son favores, sino consecuencias previsibles del Estado de derecho.
