Zohran Mamdani dijo en un pódcast que Estados Unidos debería unirse a la Corte Penal Internacional y hacer cumplir sus órdenes de arresto para todos, incluida la emitida contra Benjamin Netanyahu. En la misma entrevista con Theo Von, el alcalde de Nueva York llamó al primer ministro israelí «el arquitecto de un genocidio horrible».
La declaración llega después de una campaña en la que Mamdani prometió que arrestaría a Netanyahu si pisaba Nueva York. Más tarde, en julio, se echó atrás tras revisar posibles vías legales y concluir que no existían, según el propio relato recogido en la entrevista. El caso vuelve a situar en el centro una pregunta incómoda: cuánto margen real tiene un alcalde para convertir una posición política en acción ejecutiva cuando la jurisdicción no acompaña.
La Corte Penal Internacional cuenta con 124 Estados miembros y puede procesar crímenes cometidos por nacionales de miembros o en territorio de miembros por otros. Israel y Estados Unidos no son miembros y no reconocen la jurisdicción del tribunal. Esa es la base institucional del choque: no se trata solo de una disputa retórica, sino de límites concretos al alcance del poder estadounidense cuando decide vincularse —o no— a un organismo multilateral.
Netanyahu estuvo en Nueva York el mes pasado para la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cargó contra Mamdani y dijo que los judíos ya no se sienten seguros en la ciudad bajo su mandato. También criticó al alcalde por acusar a Israel de genocidio en Gaza y por las interacciones en redes sociales de su esposa, Rama Duwaji, con publicaciones contrarias a Israel.
Mamdani respondió que todo eso era un intento de distraer de la responsabilidad. En su versión, si él fuera el «arquitecto de un genocidio», hablaría de cualquier cosa menos de ese tema. Conviene mirar los incentivos. Cuando la política local se mezcla con conflictos internacionales, el debate rara vez mejora la seguridad jurídica; suele aumentar el ruido y reducir la claridad institucional.
Para los contribuyentes y para la credibilidad del Estado de derecho, el problema no es solo el lenguaje empleado, sino la tentación de convertir una oficina municipal en plataforma para batallas que no puede resolver. La ciudad necesita orden, previsibilidad y límites claros entre la indignación política y la capacidad efectiva de gobierno. Cuando esos límites se difuminan, pierde el ciudadano que espera instituciones serias, no gestos grandilocuentes.
