Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, admitió el martes que su administración no tiene «la autoridad legal independiente» para ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La declaración desmonta una de las promesas más resonantes de su campaña, en la que repitió que ordenaría la detención del líder israelí si pisaba la ciudad.
El derrumbe fue gradual. El sábado, Mamdani dijo al New York Times que mantenía «una conversación activa» con las fuerzas del orden sobre la posibilidad de ejecutar la orden. El martes, tras revisar «cada vía disponible» bajo la ley, concluyó lo contrario. En una conferencia de prensa en el Ayuntamiento el miércoles, no quiso precisar cuándo supo que la ciudad carecía de esa competencia, pese a que expertos legales habían cuestionado la viabilidad del arresto durante la propia campaña.
«Está claro que la ciudad no tiene autoridad para ejecutar esta orden», reconoció Mamdani ante los periodistas, según recogió Fox News. Acto seguido, trasladó la responsabilidad al gobierno federal: «El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene. Y los llamo a unirse a la CPI y ejecutar esta orden».
El argumento choca con un obstáculo de fondo: Estados Unidos no es miembro de la CPI y no reconoce su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses ni sobre Israel, que tampoco es parte del tribunal. La administración Trump rechazó la propuesta sin ambigüedades. El presidente Donald Trump publicó en Truth Social que Netanyahu no sería «arrestado, de ninguna manera, forma o modo» mientras esté en suelo estadounidense, y describió al primer ministro israelí como alguien que combate a la República Islámica de Irán, a la que acusó de haber «matado a 52.000 manifestantes inocentes» y de llevar «47 años matando soldados estadounidenses».
La CPI emitió la orden de arresto contra Netanyahu en 2024 por presuntos crímenes de guerra en Gaza, al tiempo que emitió una orden similar contra un comandante de Hamás. El tribunal tiene competencia para procesar a quienes sean acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el territorio de los estados parte del Estatuto de Roma.
Netanyahu está previsto que visite Nueva York en septiembre para la Asamblea General de la ONU. Mamdani declaró en redes sociales que el primer ministro «no es bienvenido» en la ciudad, y sugirió a los neoyorquinos que protesten durante esa visita: «El protesto es algo que siempre respetaremos», dijo.
Danny Danon, embajador israelí ante la ONU, respondió con dureza: «Fue elegido para servir a los neoyorquinos, no a la propaganda de Hamás», según consignó la BBC.
El episodio ilustra un patrón que conviene mirar con atención. Un funcionario electo construyó capital político durante meses sobre una promesa que los expertos señalaban como inviable desde el primer día. La revisión legal que debió preceder a la campaña llegó, en cambio, después de la toma de posesión. El resultado es un retroceso público que no afecta solo a Mamdani: refuerza la percepción de que ciertos compromisos electorales son, en el mejor de los casos, señalización ideológica y, en el peor, un uso irresponsable del aparato institucional para movilizar votantes.
El dato importa más que el ruido. La promesa de arresto nunca tuvo sustento jurídico; lo que tuvo fue rendimiento electoral en un partido demócrata donde, según una encuesta citada por la BBC, el 58% de los votantes cree que Estados Unidos apoya demasiado a Israel, frente al 45% en 2024. Gobernar con esa lógica tiene costos: erosiona la credibilidad institucional de la alcaldía y, de paso, ofrece a la administración Trump un blanco cómodo para contrastar gestión con espectáculo.
