Donald Trump aprovechó la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara para volver a cargar contra España. El presidente estadounidense afirmó que el país ibérico «es una causa perdida» y exigió romper toda relación comercial con él. La respuesta de La Moncloa llegó en pocas horas: el gobierno español aseguró que recibe las declaraciones con «tranquilidad y normalidad».
El argumento central de Madrid es de naturaleza jurídica. Fuentes del Ejecutivo recordaron que España forma parte de la Unión Europea, un bloque comercial en el que ningún Estado miembro puede ser singularizado ni aislado de forma selectiva. Cualquier medida arancelaria de Washington, insiste Moncloa, afectaría necesariamente al conjunto de la UE, postura que la Comisión Europea ha respaldado en reiteradas ocasiones.
El gobierno español añadió un argumento económico: el intercambio comercial favorece directamente a la economía estadounidense, que actualmente goza de un superávit comercial con España. El Ejecutivo subrayó además que los vínculos comerciales y de inversión los tejen principalmente las empresas privadas y el sector corporativo, no las administraciones, beneficiando de forma mutua tanto el ámbito comercial como el estratégico de defensa.
Esta no es la primera vez que Madrid emplea este guión. Meses atrás, cuando Trump amenazó por primera vez con un bloqueo comercial, la respuesta fue idéntica. El detonante entonces fue la negativa de España —señalada en esa ocasión como el único país de la Alianza Atlántica en oponerse— a elevar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Que la disputa resurja en Ankara sugiere que la posición española sobre ese umbral no ha cambiado de forma sustancial.
Conviene mirar los incentivos. El gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la protección colectiva de Bruselas como cortafuegos frente a la presión de Washington. Es una estrategia comprensible en términos inmediatos: diluir la responsabilidad en el bloque reduce el coste político doméstico de ceder. Pero el escudo comunitario tiene límites. Si la tensión escala hasta afectar negociaciones comerciales transatlánticas más amplias, serán las empresas privadas españolas —las mismas que Madrid invoca como argumento— las que absorban el impacto, sin que ningún comunicado de Moncloa las proteja.
El dato importa más que el ruido. España es el único aliado que, según la fuente del conflicto original, se opuso a elevar el gasto de defensa hasta el 5% del PIB. En un momento en que la OTAN debate compromisos de inversión de envergadura, esa posición aísla a Madrid dentro de la Alianza con independencia de lo que diga el bloque comercial europeo. La «tranquilidad» que proyecta el Ejecutivo puede ser táctica diplomática legítima; también puede ser la antesala de una negociación que tarde o temprano deberá darse en términos menos cómodos para La Moncloa.
