La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 15 años de cárcel a Daniel Ávila por matar en un bar de Madrid, en 2023, a Sebastián Bello, un profesor chileno de 35 años.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, también le impone 5 años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a la pareja del fallecido durante 16 años y una indemnización de 300.000 euros para los familiares de la víctima y su novia.
El tribunal considera probado que el acusado, español de 47 años, estaba el 22 de diciembre de 2023 en el bar Batán, de la calle San Juan de Mata, cerca del metro de la Casa de Campo. También estaba la víctima, y en un momento dado el acusado, «con intención de acabar con su vida, o al menos, aceptando la alta probabilidad de que ello se produjera», sacó una navaja y la clavó en el lado izquierdo del cuello a Sebastián Bello.
La sentencia añade que lo hizo «de forma sorpresiva» y sin que Bello tuviera oportunidad de defenderse. La herida le causó una hemorragia masiva por la que murió tres días después, en Navidad.
El tribunal aprecia los atenuantes de confesión y reparación del daño. Señala que el acusado permaneció en el lugar de los hechos, reconoció el ataque ante los agentes y después ingresó 600 euros en la cuenta del juzgado para pagar indemnizaciones.
La sentencia no acepta, en cambio, que el condenado tuviese una anomalía psíquica que alterase o anulase su conciencia de la realidad en el momento del crimen. También descarta que actuase por miedo insuperable o en legítima defensa, como sostenía su abogado.
En su declaración en el juicio, el acusado admitió la agresión, pero sostuvo que su víctima había acosado sexualmente a una amiga, de la que dijo estar enamorado. También afirmó que no recordaba el momento de la puñalada, sino solo sacar la navaja, y atribuyó su conducta a un trastorno explosivo intermitente. Su psicóloga lo confirmó, pero dos peritos psiquiátricos de la Comunidad de Madrid lo descartaron.
Conviene mirar los incentivos: cuando un crimen termina en una condena firme y en medidas accesorias claras, el Estado envía una señal de castigo y protección a terceros. No resuelve por sí solo la violencia, pero sí fija un límite.
La otra cara es más incómoda. Cada episodio así recuerda que la libertad de circular, reunirse y trabajar depende de que las instituciones hagan valer el orden con rapidez y previsibilidad. El dato importa más que el ruido: la seguridad no es un eslogan, sino una condición básica para la vida civilizada.
