Durante los cuatro años del gobierno Petro, la exprimera dama Verónica Alcocer quedó asociada a una serie de episodios que incluyen presunta corrupción, nepotismo y gastos millonarios cuya explicación sigue pendiente, según el material revelado por El Colombiano.
La pieza se apoya en chats entre Gustavo Petro y Eva Ferrer, la española que fue amiga de Alcocer. En uno de ellos, Petro le escribió a Ferrer: «Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana; nadie puede hablar con ella, solo grita y nadie la contradice. La he estado protegiendo todo lo que he podido, a ella y a mí, y al gobierno. Pero esta vez se ha pasado mucho». Ferrer respondió: «Ajá. El poder envenena».
Según el texto, la cercanía que alguna vez tuvo con Alcocer terminó vinculando a Ferrer con contratos en el Estado. Hoy reclama más de $640 millones que, según su defensa, corresponden a servicios pendientes de pago por asesorías en campaña y en los primeros meses del gobierno Petro.
Las revelaciones se suman a otros episodios que el medio enumera: bacanales en Estocolmo, viajes a funerales de líderes internacionales con gastos millonarios, la contratación de comitivas de maquilladores y fotógrafos, y amistades con extranjeros que habrían acumulado poder en altas esferas. También aparecen audios en los que Ferrer habla de actividades supuestamente ilegales, como poner propiedades a nombre de primos. En una de esas grabaciones se escucha: «Verónica tiene de testaferros a varios primos» y «Una mafia. Son criminales. Es una banda de criminales».
Ferrer también mencionó al empresario catalán Manel Grau, cercano a Alcocer. Dijo: «Manel iba colocándose todo el rato en mi vida. Nunca entendí que tenía que despachar con él, quien acaba haciendo de intermediario (...) me viene y me amenaza, por eso yo digo que es una banda criminal».
Alcocer ha dicho que las acusaciones «no corresponden a la realidad».
El reportaje añade que durante el gobierno Petro Alcocer formó un círculo de hombres de confianza que, según denuncias, terminó teniendo acceso a espacios clave de poder y negocios. Los llamaban «Los Verónicos»: Grau, Xavier Vendrell, Víctor Sierra y Yeirson Gamero Martínez, según reveló El Tiempo.
Sus nombres aparecen en investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022, el episodio de los dineros del señalado contrabandista «Papá Pitufo» y movimientos en Ecopetrol. El nombre de Sierra reapareció en julio por una denuncia contra Grau, relacionada con una presunta estafa a empresarios. A ellos les habrían prometido inversiones, negocios y contratos con el Grupo Ecopetrol. Los denunciantes dijeron que parte del dinero se lo quedó Sierra.
En las grabaciones, Ferrer también alude a una supuesta influencia de Alcocer sobre Ecopetrol, la Dian y el Banco Agrario. Dice: «¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol?», y sostiene que la entonces primera dama tenía poder de decisión sobre esas entidades. Incluso afirma que «el primer puesto de gerente se lo ganó dándole una tarjeta a Verónica» y que el propósito era «tener contenta a la señora».
La nota menciona además que Ferrer relacionó la llegada de Ricardo Roa al cargo de presidente de Ecopetrol con su cercanía a Alcocer desde la campaña de 2022, en la que Roa fue gerente y hoy responde por la violación de los topes.
En 2024, una investigación de La Silla Vacía reveló un presunto intento de direccionar contratos y nombramientos dentro de Cenit, la filial de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol. El nombre señalado fue el del empresario Danilo Romero, compadre de Petro, quien pagó un viaje de su familia a Florencia, Italia, tras ganar las elecciones. Su esposa, Carolina Plata, ha tenido un vínculo estrecho con Alcocer.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el entorno de una primera dama aparece rodeado de contratos, intermediarios, favores y acceso a entidades del Estado, el problema ya no es solo de imagen: es de captura del aparato estatal por redes informales. Ese es el tipo de deterioro que encarece la política, debilita las instituciones y erosiona la confianza pública.
La historia sugiere cautela. Si las denuncias descritas aquí terminan confirmándose en sede competente, el costo recaerá en quienes usaron la cercanía con el poder como atajo. Si no, quedará al menos una advertencia sobre los riesgos de confundir influencia personal con autoridad legítima. En ambos casos, el principio en juego es el mismo: el Estado no puede funcionar como patrimonio privado de un círculo cercano al poder.
