Andrés Manuel López Beltrán negó esta semana tener relación con actividades delictivas ni ser propietario de empresa alguna vinculada a la importación o venta de combustible. Lo hizo en el programa El Ganso Informativo, transmitido en YouTube desde Tabasco, donde calificó los señalamientos en su contra como «calumnias y mentiras» impulsadas por la oposición.
«No estoy relacionado con ninguna actividad delictiva», afirmó. «Yo estoy muy tranquilo sabiendo que no estoy involucrado en nada de eso.» Reconoció, no obstante, que la repetición de las acusaciones tiene un objetivo político preciso: erosionar la imagen de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
«No es conmigo el problema. El problema es con Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento que le encabeza», sostuvo López Beltrán. Según su lectura, la campaña busca desacreditar los pilares del lopezobradorismo: la honestidad y la austeridad republicana.
Sobre el origen del llamado huachicol fiscal, el hijo del expresidente señaló que el fenómeno arrancó con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que habría incluido permisos para que particulares importaran gasolinas. Afirmó que al llegar López Obrador esos permisos no se extendieron, sino que se limitaron. «Los responsables de esta nueva actividad son en su mayoría miembros de la oposición y no de nuestro partido y mucho menos de nuestra familia», aseveró, sin ofrecer nombres ni documentación de respaldo.
López Beltrán reconoció aspiraciones políticas concretas: busca la diputación federal de Morena por el VI distrito en Tabasco en la elección de 2027. Aclaró que esperará los tiempos que marque su partido para participar en la contienda interna y descartó aspirar a coordinar los trabajos parlamentarios en caso de ganar.
Consultado sobre la salud de su padre, respondió que López Obrador «está muy bien de salud», vive en su casa de Palenque y se dedica a la escritura. Lamentó que los medios «regularmente le inventen enfermedades».
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Conviene mirar los incentivos. López Beltrán no presentó pruebas documentales que refuten los señalamientos, ni ofreció acceso a registros mercantiles o declaraciones patrimoniales que despejen la duda. Su defensa descansa en la negación y en la contraacusación: si hay huachicol fiscal, los culpables están en la oposición. Es una estrategia retórica conocida —trasladar la carga de la prueba al acusador— que no equivale a transparencia.
El dato importa más que el ruido. Un aspirante a diputado federal que enfrenta señalamientos sobre presuntos negocios en el sector energético tiene a su disposición un instrumento sencillo: la divulgación voluntaria de su situación patrimonial y sus vínculos societarios. Que la respuesta sea una conferencia en YouTube, y no un expediente abierto, dice más sobre la cultura de rendición de cuentas del movimiento que sobre la inocencia o culpabilidad de quien habla. El aparato estatal que heredó Morena construyó su legitimidad sobre la promesa de honestidad; cuando esa promesa se pone a prueba, la opacidad es el peor argumento disponible.
