Un hombre murió apuñalado en Lima por una deuda de siete soles. El agresor, identificado por Domingo al Día como Francisco Ramón Varazarte Godoy, ciudadano venezolano, confesó el crimen sin mostrar arrepentimiento. «Se lo buscó y bueno. Pa' que respeten los hombres. Pues lo hecho, hecho está», declaró ante un periodista. La víctima fue identificada como Martín Cisneros Peña.
Las cámaras de seguridad registraron el ataque con arma blanca. El episodio ocurrió en el distrito de San Martín de Porres y fue documentado por el programa Domingo al Día, que también recogió el traslado del acusado por agentes de la Policía Nacional del Perú.
Un número que no admite eufemismos
El caso no es un hecho aislado. Según datos del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud, recogidos por Domingo al Día, se han registrado 1.265 homicidios a nivel nacional en lo que va del año. El mismo reportaje documenta el asesinato de Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, cambista del Mercado Central, ultimado a plena luz del día por sujetos armados, así como casos de menores asesinados en los distritos de Villa María del Triunfo y Rímac.
Los testimonios de vecinos recogidos por el medio ilustran el clima imperante: «Acá la gente hace lo que quiere, matan como quieran y a la hora que quieran ellos, nadie hace nada». Una madre consultada por el mismo programa resumió el miedo familiar ante los robos de celulares: «Un celular vale la vida del joven».
Factores y diagnósticos
Especialistas consultados por Domingo al Día atribuyen el incremento de los crímenes a una combinación de factores sociales y culturales, entre ellos la percepción de la violencia como vía de validación. Un criminólogo advirtió sobre la normalización progresiva: «Tanto crimen está cada día que la gente ya no le da mucha importancia, salvo que sea su familia o personas cercanas a él. Nos estamos efectivamente deshumanizando».
Un efectivo policial con experiencia en delitos contra la vida declaró al mismo medio que la llegada de ciudadanos venezolanos y colombianos vinculados al crimen habría intensificado la violencia preexistente: «Nuestra delincuencia utilizaba la violencia, la misma que se ha exponenciado con la llegada de tantos venezolanos del malvivir». La atribución es de la fuente policial, no del medio.
Otro especialista señaló que la violencia «se puede apaciguar o desaparecer en la medida en que haya un mejor y mayor acceso no solo a la educación, sino al diálogo».
Lo que el dato revela
1.265 homicidios en lo que va del año es una cifra que el Estado peruano no puede administrar con comunicados. Conviene mirar los incentivos: cuando el costo de matar es percibido como inferior al costo de saldar una deuda de siete soles, el sistema de justicia ha dejado de funcionar como disuasivo. El problema no es solo cultural ni solo migratorio; es, ante todo, institucional.
Perú necesita un aparato de seguridad con capacidad real de persecución y condena, y un sistema judicial que devuelva credibilidad a la ley. Sin eso, los diagnósticos de los especialistas quedan como ejercicio académico frente a una violencia que, según los propios vecinos de Lima, ya no sorprende a nadie. El dato importa más que el ruido: 1.265 vidas son 1.265 fracasos del orden público.
