Laura Sarabia, una de las figuras con mayor poder acumulado dentro del Gobierno de Gustavo Petro, deberá comparecer el 14 de septiembre ante un juez en Bogotá. La Fiscalía le imputará los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado por el caso conocido como las «chuzadas», que involucró a su exniñera Marelbys Meza.
Según la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron entre el 27 y el 29 de enero de 2023, cuando Meza —entonces empleada del servicio doméstico de Sarabia— habría sido obligada a someterse a una prueba de polígrafo después de la pérdida de una maleta de la funcionaria, en la que había documentación y dinero.
Fabiola Perea, otra exempleada del servicio doméstico de Sarabia, también fue interceptada ilegalmente por la Policía en 2023. El episodio del polígrafo derivó en una trama mayor: cuatro policías —el intendente Alfonso Quinchanegua, la patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas— fueron condenados en primera instancia por las interceptaciones ilegales.
El caso ganó gravedad adicional con la muerte del coronel Óscar Dávila, quien coordinaba el Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia y cuyo nombre apareció vinculado a las investigaciones. Dávila murió de un disparo en la cabeza dentro de una camioneta policial en Bogotá el 9 de junio de 2023. La Fiscalía estableció inicialmente que se trató de un suicidio, aunque con el tiempo han surgido versiones que ponen en duda esa hipótesis y plantean la posibilidad de un homicidio.
Los abogados de Sarabia, Mauricio Pava y Mario Iguarán, exploraron con la Fiscalía una salida mediante justicia restaurativa, que contemplaba una compensación económica a la víctima a cambio de evitar la continuación de la acción penal. Según fuentes cercanas al caso citadas por El Colombiano, la propuesta fue presentada en varias oportunidades, pero no prosperó: ni Meza ni la Fiscalía la aceptaron.
Sarabia, quien fue canciller, jefe de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y embajadora de Colombia en el Reino Unido, ha sobrevivido a una sucesión de episodios que marcaron su paso por el poder: el escándalo del polígrafo, su enfrentamiento con Armando Benedetti, la crisis por los pasaportes, los cuestionamientos sobre su patrimonio y el choque con el propio Petro por las hojas de vida de los interventores de las EPS.
Este último enfrentamiento ocurrió a comienzos de este año, cuando el mandatario la señaló públicamente de haber permitido o canalizado hojas de vida de personas destinadas a interventorías de EPS que, según dijo Petro, habrían llegado a «hacer business» con recursos de la salud. Sarabia respondió mediante sus abogadas y pidió la recolección de registros de cámaras de seguridad de la Presidencia.
Sarabia también ha negado los señalamientos que buscan vincularla con Jaime Ramírez Cobo, mencionado en las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD y señalado como un supuesto enlace entre el Ejecutivo y el Congreso. Ese expediente está relacionado con contratos por cerca de 92.000 millones de pesos destinados a proyectos en Carmen de Bolívar, Saravena y Cotorra.
Ninguno de estos episodios logró apartar definitivamente a Sarabia del poder mientras estuvo activa en el Gobierno. La imputación que ahora enfrenta es la primera consecuencia judicial directa de una serie de escándalos que, hasta ahora, solo habían costado cargos y condenas a subalternos.
Conviene mirar los incentivos que sostuvieron esa impunidad prolongada: un entorno presidencial dispuesto a proteger a sus funcionarios más cercanos, incluso cuando las evidencias de irregularidades se acumulaban. El caso Sarabia no es solo el relato de una maleta perdida y una empleada intimidada; es un espejo de cómo opera el poder cuando las instituciones tardan en actuar frente a quienes lo detentan. La historia sugiere cautela sobre cuánto tardará realmente la justicia en llegar a un veredicto.
