La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió este viernes en audiencia protocolar a su par del Tribunal Constitucional, María Pía Silva Gallinato, acompañada por el ministro del órgano colegiado Raúl Mera. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Tribunales y giró en torno a la colaboración interinstitucional y la realización de actividades de extensión conjuntas.
El contexto no es menor. La reunión se produce aproximadamente un mes después de que se abriera una disputa entre el TC y el Poder Judicial a propósito de un recurso presentado por un deudor del Crédito con Aval del Estado (CAE). En ese episodio, el TC pidió explicaciones porque la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la inadmisibilidad de una acción de protección contra la Tesorería, pese a que el propio TC había ordenado, dos días antes, congelar el proceso al resolver la admisión a trámite de una inaplicabilidad.
Chevesich optó entonces por restar dramatismo al incidente. «En estos casos, las cortes de apelaciones pueden acoger o rechazar los recursos de protección y se impugnan ante la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene que analizar el caso y eventualmente o confirmar o revocar lo decidido. O sea, no hay choque de trenes y lo que se ve en el Tribunal Constitucional es otro asunto», declaró en su momento.
Silva Gallinato asumió la presidencia del TC el 13 de julio pasado. Fue designada ministra del tribunal el 25 de junio de 2018 por la propia Corte Suprema, lo que añade un vínculo institucional de origen entre ambas autoridades.
En el marco de sus visitas protocolares del mismo viernes, la presidenta del TC se trasladó también a La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast. A esa cita asistió el ministro del TC Miguel Ángel Fernández y participó el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
El dato importa más que el ruido. Una audiencia protocolar no resuelve por sí sola las tensiones de competencia entre tribunales, pero sí señala que ambas instituciones prefieren administrar sus diferencias dentro de los canales formales antes de escalarlas públicamente. Eso es, en sí mismo, una señal de madurez institucional que conviene reconocer.
Conviene mirar los incentivos. El caso CAE expuso una zona gris procedimental: cuándo y en qué medida una orden cautelar del TC vincula a los tribunales ordinarios que conocen acciones paralelas sobre el mismo asunto. Esa pregunta no quedó resuelta con el encuentro de hoy; quedó pospuesta. La colaboración interinstitucional es necesaria, pero no sustituye la claridad normativa. Mientras esa claridad no exista, episodios similares volverán a poner a prueba la coordinación que hoy se celebra con cortesía protocolar.
