Construidas hace más de 2.000 años para abastecer de agua a Jerusalén, las Piscinas de Salomón —tres reservorios ubicados entre Efrat y Belén, al sur de la capital israelí— se han convertido en el epicentro de una disputa política sobre patrimonio, soberanía y preservación histórica.
La mayoría de los arqueólogos data su construcción en el período hasmoneo, durante el siglo II a.C. Los reservorios abastecieron a Jerusalén durante el Segundo Período del Templo, y Herodes el Grande (37–4 a.C.) amplió posteriormente el sistema para proveer agua a su palacio-fortaleza en Herodium. En conjunto, los tres estanques tienen una capacidad de aproximadamente 288.000 metros cúbicos de agua.
Tras los Acuerdos de Oslo de 1993, el sitio quedó encuadrado en el Área A, bajo control civil y de seguridad de la Autoridad Palestina. Según Yonatan Marcus, jefe de gabinete de la Municipalidad de Efrat, el entonces primer ministro Yitzhak Rabin habría insistido durante las negociaciones en que las piscinas permanecieran bajo control israelí, junto a otros sitios arqueológicos de significación judeo-cristiana como la Tumba de Raquel en Belén. Sin embargo, Marcus sostiene que durante el proceso de cartografía, las palabras «Solomon's Pools» permanecieron dentro del Área C en los mapas de menor escala, mientras que los propios reservorios cayeron por error dentro del Área A.
El resultado, según las autoridades de Efrat, ha sido el abandono progresivo del lugar. «Cuando visitas hoy, puedes ver que el sitio está descuidado. Gran parte ha sido destruido», declaró Marcus a Fox News Digital. Dovi Shefler, alcalde de Efrat, fue más explícito sobre las implicaciones: «Las Piscinas de Salomón no son solo la historia del pueblo judío en la Tierra de Israel y la fuente del agua viva de Jerusalén, sino también el futuro de Efrat en nuestra capacidad de ejercer nuestra soberanía, preservar el espacio de desarrollo de Efrat y sostener el turismo para todas las religiones en el área entre Jerusalén y Hebrón».
Durante el Mandato Británico, los reservorios fueron sometidos a renovaciones significativas y llegaron a conocerse como «la playa de Jerusalén». Ese período de uso público y mantenimiento contrasta con el estado que los funcionarios israelíes describen hoy.
El caso ilustra una tensión estructural que los Acuerdos de Oslo dejaron sin resolver: la superposición entre jurisdicción política y patrimonio arqueológico en una región donde ambas dimensiones son inseparables. Un error de delimitación —si la versión de Marcus es correcta— habría tenido consecuencias que ninguna de las partes anticipó plenamente en 1993.
Conviene mirar los incentivos. Los acuerdos de paz que dividen el territorio sin establecer mecanismos claros de preservación patrimonial transfieren, en la práctica, el riesgo de deterioro irreversible a las generaciones siguientes. El dato importa más que el ruido diplomático: una capacidad de 288.000 metros cúbicos de infraestructura hidráulica milenaria no se recupera con declaraciones. La historia sugiere cautela ante marcos jurídicos que confunden soberanía administrativa con custodia del patrimonio civilizatorio compartido.
