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Las automotrices piden a Trump blindar a Estados Unidos frente a los autos chinos

Ford, GM, Toyota y VW aparecen entre los grupos que empujan una línea dura antes de la reunión de Trump con Xi. El trasfondo es claro: empleo, seguridad y el control de una industria estratégica.
Imagen generada con IA
Estados Unidossábado 19 de septiembre de 2026

Una amplia coalición de fabricantes de automóviles, proveedores y concesionarios pidió al presidente Donald Trump que impida la entrada de automóviles chinos a Estados Unidos, en vísperas de la cumbre prevista entre ambos países la próxima semana.

La carta, fechada el 17 de septiembre, fue dirigida a Trump y sostiene que las barreras ya existentes que de facto frenan la llegada de vehículos chinos al mercado estadounidense son cruciales para mantener una competencia leal. La coalición advirtió además sobre los riesgos para la seguridad y las amenazas económicas que, a su juicio, representan para Estados Unidos los automóviles chinos subvencionados y la tecnología de vehículos conectados.

Según la carta, «permitirles abrir una planta en el país les daría una ventaja en el mercado estadounidense a expensas de los fabricantes que operan aquí». También afirma que «la producción china localizada no contribuirá a los objetivos de la administración en materia de empleo manufacturero ni de seguridad nacional».

Entre los firmantes figuran la Alianza para la Innovación Automotriz, el Consejo Estadounidense de Política Automotriz, Autos Drive America y la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles. La Alianza representa a fabricantes como Ford y General Motors, mientras que la carta también fue apoyada por fabricantes extranjeros como Toyota y Volkswagen, según las fuentes.

La petición llega en un momento sensible. Trump generó inquietud en la industria automotriz estadounidense con comentarios que sugerían que podría estar dispuesto a permitir que una empresa automotriz china fabricara vehículos eléctricos en Estados Unidos si empleaba a trabajadores estadounidenses. En otro momento, a principios de este año en Detroit, dijo que si los fabricantes chinos querían construir plantas en Estados Unidos, le «encantaría».

La presión crece porque el asunto cobró mayor urgencia esta semana después de que Bloomberg informara que funcionarios chinos están considerando incluir a BYD en una posible delegación empresarial que acompañaría a Xi a Washington. La lista no es definitiva y podría cambiar en el último momento.

Los fabricantes de automóviles chinos han crecido con rapidez en el mundo, ganando terreno en mercados consolidados como Europa y acercándose al mercado estadounidense. El gobierno canadiense comenzó recientemente a permitir la entrada de algunos vehículos eléctricos chinos al país, mientras que los vehículos BYD se han vuelto comunes en México.

Hoy los vehículos chinos están prácticamente excluidos del mercado estadounidense por los elevados aranceles y por la prohibición del Departamento de Comercio sobre los sistemas de vehículos conectados procedentes de países adversarios de Estados Unidos. Sin embargo, los fabricantes de automóviles quieren que el Congreso vaya más allá y promulgue una prohibición permanente sobre los automóviles chinos y las tecnologías de vehículos conectados.

En la versión de La República, la semana pasada Trump dijo a Fox News que no le importaría que las automotrices chinas fabriquen vehículos en Estados Unidos. Y esa sola frase resume el choque de incentivos: una parte de la industria quiere fronteras cerradas y reglas firmes; la otra ve una apertura potencial que podría alterar la competencia, los empleos y la cadena industrial.

Conviene mirar los incentivos. Cuando un sector pide blindaje, no lo hace por nostalgia, sino porque teme perder mercado frente a un rival respaldado por el Estado chino. Para Washington, la cuestión no es solo comercial: también es soberanía tecnológica y seguridad nacional.

El dato importa más que el ruido. Si el Congreso decide endurecer la prohibición, protegerá a los fabricantes instalados en Estados Unidos y a sus proveedores; si abre la puerta, incluso de forma parcial, el costo político recaerá sobre quienes teman una deslocalización de empleo y una mayor dependencia de una potencia rival.

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