La Unión Europea lanzó este sábado una advertencia directa al gobierno de Daniel Ortega: convocar elecciones «según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales». El llamado llegó días después de que el presidente nicaragüense, durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, propusiera eliminar las elecciones en el país y declarara «inaplicable» el artículo constitucional que impedía la reelección indefinida.
Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, emitió un comunicado en el que el bloque reiteró su «condena de la represión sistémica» y renovó sus «llamados a la liberación de todos los presos políticos». También exigió el «pleno restablecimiento del Estado de derecho», el retorno de organizaciones internacionales de derechos humanos y el inicio de un diálogo entre el régimen y la oposición.
El bloque pidió, en particular, que se acuerden reformas electorales «con vistas a apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política actual». Kallas subrayó que la UE «seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia» y que permanece «abierta al diálogo político a través de los canales diplomáticos adecuados».
La respuesta de Managua no tardó. El gobierno de Nicaragua anunció que presentará su propia propuesta de reforma electoral ante embajadores, empresarios e inversionistas acreditados en el país. El gesto, sin embargo, llegó después de un «amplio rechazo internacional» a las declaraciones de Ortega, según la fuente, lo que sugiere una maniobra de contención diplomática antes que un compromiso real con la apertura.
Ortega gobierna Nicaragua desde 2007. Las acusaciones de fraude electoral, la eliminación de candidatos opositores y el destierro de rivales políticos han marcado su gestión en los últimos años. La propuesta de declarar inaplicable el límite constitucional a la reelección representa, según sus críticos, la formalización de lo que en la práctica ya opera como un régimen sin alternancia.
Conviene mirar los incentivos. Ortega no propone reformas porque haya cambiado de posición; las propone porque el rechazo internacional amenaza con aislar aún más a un gobierno que necesita mantener ciertos canales con inversores y embajadores. La «reforma electoral» anunciada ante el cuerpo diplomático y el empresariado local es, ante todo, un ejercicio de gestión de imagen, no una concesión sustantiva.
El dato importa más que el ruido: un presidente que declara públicamente que en su país «no volverá» a haber elecciones y luego ofrece una propuesta de reforma electoral no ha contradicho su posición de fondo, sino que ha añadido una capa de ambigüedad útil. La UE hace bien en mantener la presión; la historia de la región sugiere que la apertura de «canales diplomáticos» sin condiciones verificables suele beneficiar al régimen, no a los presos políticos que siguen detenidos.
