La Unión Europea instó este sábado al régimen de Daniel Ortega a convocar elecciones «según lo previsto» y a garantizar que se celebren «de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales». El llamado provino de la alta representante de Exteriores del bloque, Kaja Kallas, en un comunicado que también reiteró la «condena de la represión sistémica» ejercida por las autoridades nicaragüenses.
El detonante fue inmediato: durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega —ex guerrillero de 80 años que gobierna desde 2007— afirmó que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder». La declaración llegó acompañada de la propuesta de declarar «inaplicable» el artículo constitucional que impedía la reelección indefinida.
El comunicado europeo exigió además «el pleno restablecimiento del Estado de derecho», el regreso de organizaciones internacionales de derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos. Bruselas pidió reformas electorales negociadas «con vistas a apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política actual».
La respuesta del régimen llegó a través de Rosario Murillo, esposa de Ortega y copresidenta, quien anunció que la próxima semana se realizarán consultas con embajadores, empresarios e inversionistas. Murillo calificó los encuentros como «de amistad, de hermandad entre los pueblos» y adelantó que la Asamblea Legislativa avanza en una propuesta de reforma electoral para garantizar «procesos electorales libres, democráticos, soberanos y dignos». El objetivo declarado de esa reforma es, según sus propias palabras, «garantizar la continuidad de todos esos triunfos».
El rechazo internacional se acumula con rapidez. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador—, Guatemala, la República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil y Perú expresaron preocupación o rechazo. También lo hicieron el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
Conviene mirar los incentivos. El régimen de Managua enfrenta presión diplomática multilateral, pero la mecánica es conocida: anunciar una «consulta» con embajadores y empresarios permite absorber la crítica internacional sin ceder en lo sustantivo. La propuesta de reforma que Murillo promete es redactada por la misma Asamblea que el régimen controla, con el propósito explícito de perpetuar en el poder a quien acaba de declarar obsoletas las elecciones.
El dato importa más que el ruido. Ninguna reforma electoral diseñada por el aparato sandinista para «garantizar la continuidad» de sus propios «triunfos» puede satisfacer el estándar de credibilidad que exige la comunidad internacional. Mientras el régimen convierte la consulta diplomática en un ejercicio de relaciones públicas, el Estado de derecho en Nicaragua sigue siendo letra muerta y los presos políticos permanecen detenidos. La historia sugiere cautela ante cualquier promesa de apertura que no venga acompañada de actos verificables e independientes.
